La subida de las tarifas del agua aprobada por el Consorcio del Agua en el año 2008 y que entró en vigor al año siguiente hizo que Inalsa recaudara, mientras estuvo vigente en dos años y medio, más de nueve millones de euros, según los cálculos realizados por Alternativa Ciudadana comparando la tarifa antigua con la que se instauró y el consumo realizado.

La patronal turística Asolan decidió llevar a los tribunales esa subida y el TSJ de Canarias, primero y el Tribunal Supremo después le dieron la razón, decretando que a subida no se hizo correctamente. El periodo de la subida, sobre las tarifas de consumo, ya que la cuota de servicio se puso más tarde, comprende desde enero de 2009 a junio de 2011.

La mayor subida la soportó el agua industrial, la que pagan los establecimientos turísticos. Según los cálculos de Alternativa, representa un 45 por ciento del total. En 2009 la recaudación por este concepto aumentó aproximadamente en 2,7 millones; en 2010, en 2,5 y en 2011 en 1,3 millones, sumando más de cinco millones de euros, ya que se consumía una media de 4,5 millones de metros cúbicos a anuales, a un precio de 2,69 euros, lo que suponía 0,57 euros más que la tarifa modificada.

En cuanto al consumo doméstico, subió también más de dos millones de euros en esos tres años. En el primer tramo de consumo, entre 0 y 10 metros cúbicos, bajó el precio, de un euro a 60 céntimos, pero en los otros tramos subió: 18 céntimos entre 11 y 30 metros cúbicos, 31 céntimos entre 31 y 40 y para más de 40 metros, subió  69 céntimos.

La subida en saneamiento sería superior a los dos millones de euros anuales, con un aumento de unos 800.000 euros por año y 400.000 en el año 2001, ya que subió  12 céntimos por metro cúbico. En agua distribuida por cubas y agua agrícola la subida sería de unos 300.000 euros entre ambas. En total, en el año 2009, Inalsa sla se embolsó casi 4,5 millones de euros por la subida que después fue anulada. Al año siguiente fueron unos 4,1 millones y en 2011 fueron 2,1.

El Cabildo, tras conocer la sentencia antes del verano, consideró que no tendría que reintegrar la cantidad cobrada por la subida anulada porque “no hubo enriquecimiento ilícito” por parte de Inalsa ya que se seguía vendiendo el agua por debajo del precio de coste.