La Fiscalía ha solicitado penas de hasta cuatro años de prisión para dos personas acusadas de un delito contra la salud pública por presuntamente dedicarse a la distribución y venta de cocaína en Arrecife.

Los acusados, identificados como U.B.B y U.B, son mayores de edad. El primero cuenta con antecedentes penales susceptibles de cancelación, mientras que el segundo carece de antecedentes y se encuentra en situación irregular en España.

Según el Ministerio Público, durante el mes de julio de 2024, ambos acusados habrían estado vendiendo cocaína directamente a consumidores a cambio de dinero. Las ventas se realizaban en el locutorio Magu y el bar Aquarius, situados en la calle Aires de Lima de Arrecife, que eran regentados por U.B.B y U.B, respectivamente.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife autorizó el 23 de julio de 2024 la entrada y registro en ambos locales, así como en los domicilios de los acusados, situados en la Avenida de los Geranios de la misma localidad. Las diligencias se practicaron sobre las 08.20 horas del 24 de abril de 2024.

En el domicilio de U.B.B se incautaron cuatro envoltorios con cocaína, con un peso total de 294,15 gramos y una riqueza que sumaba 135,2 gramos de cocaína pura. Además, se halló una báscula de precisión, un teléfono móvil y 1.550 euros en efectivo. Según la Fiscalía, la droga incautada habría alcanzado un valor de 17.425,65 euros en el mercado ilícito.

Por su parte, en la vivienda de U.B se encontraron 40 envoltorios con 23,31 gramos de cocaína de baja pureza y otro envoltorio con 39,06 gramos adicionales, con un total de 24,32 gramos de cocaína pura. También se halló una báscula de precisión, una libreta con anotaciones y 1.910 euros en efectivo. El valor estimado de la droga incautada sería de 3.682,32 euros.

El Ministerio Fiscal considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y atribuye la autoría a los dos acusados.

Para U.B.B, se solicita una pena de cuatro años de prisión, multa de 20.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena. En caso de impago de la multa, se prevé una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de prisión.

En el caso de U.B, la Fiscalía solicita tres años y seis meses de prisión, multa de 5.000 euros, inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y, en caso de impago, quince días de prisión. Además, se pide que, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena, la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante seis años.

El juicio se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, si bien está previsto que pueda llegarse a un acuerdo de conformidad de los acusados con la Fiscalía.