La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el próximo 10 de diciembre el juicio contra una persona acusada de estafar 54.868 euros a la empresa lanzaroteña Preventos Media, mediante un supuesto fraude digital con suplantación de identidad empresarial. La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión por un delito de estafa, además del abono de costas e indemnización a la empresa afectada.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al 16 y 17 de noviembre de 2021, cuando el acusado, identificado como A.C.P.C., actuó presuntamente de forma concertada con un segundo individuo, M.B., actualmente en paradero desconocido.

Ambos, "con ánimo de enriquecerse de forma injusta y movidos por un propósito mendaz", enviaron un correo electrónico a la empresa lanzaroteña haciéndose pasar por la mercantil Grenke Rent, reclamando el pago de una supuesta deuda. En dicho mensaje, facilitaron dos cuentas bancarias como destino del dinero: una de ellas a nombre del acusado y otra, presuntamente, de su colaborador.

Al día siguiente, Preventos Media, en base a la reclamación falsa, efectuó tres transferencias bancarias por un total de 54.868 euros a una de las cuentas proporcionadas. El dinero fue presuntamente incorporado al patrimonio del acusado y de su colaborador, con pleno conocimiento de su origen fraudulento y "admitiendo la posibilidad de que dicho dinero procediera de una actividad ilícita", indica la acusación pública.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de estafa tipificado en el Código Penal, por lo que solicita una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Subsidiariamente, plantea que los hechos sean considerados un delito de receptación, por el que se solicitarían tres años de prisión, en caso de que no se pueda probar la participación directa en la maniobra fraudulenta.

La acusación pública también exige que se indemnice a Preventos Media con el importe íntegro de los fondos presuntamente sustraídos, más los intereses legales.