El Gobierno de Canarias exige acreditar un mínimo de 12 años de residencia ininterrumpida en el Archipiélago, o 15 años si ha sido interrumpida, y residir o trabajar en el municipio de Yaiza desde hace al menos cinco años para optar a una de las 42 viviendas públicas de alquiler de la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, cuyo procedimiento de adjudicación se ha abierto este viernes.

Así consta en una resolución del Instituto Canario de la Vivienda, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), que establece los requisitos de acceso, los cupos de reserva y las condiciones para participar en la adjudicación de los inmuebles, adquiridos mediante un convenio entre el Cabildo de Lanzarote y el Ejecutivo autonómico.

La convocatoria establece expresamente que los solicitantes deberán "residir en la Comunidad Autónoma de Canarias y acreditar una residencia ininterrumpida de al menos doce años, o bien de quince años si la residencia ha sido interrumpida".

Además, exige "residir o trabajar ininterrumpidamente en el municipio de Yaiza, con al menos cinco años de antelación a la fecha de publicación del procedimiento de adjudicación".

Este último requisito contempla excepciones para las víctimas de violencia de género cuando esa situación haya impedido permanecer en su municipio de residencia habitual.

También se flexibiliza la exigencia de continuidad para las unidades familiares que se encuentren en una solución habitacional temporal concedida por una administración pública, en las condiciones previstas en la resolución, así como las particularidades establecidas para los emigrantes retornados.

Alquiler público

La promoción está integrada por 42 viviendas protegidas de promoción pública, con sus correspondientes garajes vinculados, situadas en la urbanización Montaña Roja de Playa Blanca.

Los solicitantes deberán acreditar que residen o trabajan de forma ininterrumpida en Yaiza desde hace al menos cinco años, con las excepciones previstas en la convocatoria

Según el anexo de la resolución, cada inmueble dispone de 90 metros cuadrados útiles, tres dormitorios y una plaza de garaje de 20 metros cuadrados. Dos viviendas figuran identificadas como adaptadas para personas con movilidad reducida.

Los inmuebles se adjudicarán mediante contratos de arrendamiento y deberán destinarse a residencia habitual y permanente de las personas beneficiarias.

La resolución establece que las viviendas no podrán utilizarse como segunda residencia, alojamiento temporal ni para actividades incompatibles con su destino residencial.

El documento no fija una renta mensual concreta para cada inmueble, sino que señala que los importes iniciales del alquiler, los gastos repercutibles, las fianzas y las posibles bonificaciones se determinarán conforme a la normativa de vivienda protegida.

11 viviendas para jóvenes

El Instituto Canario de la Vivienda ha establecido siete cupos para distribuir los 42 inmuebles, con reservas específicas para determinados colectivos.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler y se distribuyen entre un cupo general de 19 inmuebles y otros 23 reservados a colectivos específicos

El cupo general contará con 19 viviendas, mientras que otras 11 se reservan para personas de hasta 35 años y cuatro para solicitantes de 65 años o más.

La resolución reserva también tres viviendas para víctimas de violencia de género, dos para personas con limitaciones graves de movilidad que necesitan permanentemente silla de ruedas u otros dispositivos de apoyo y otras dos para personas con movilidad o comunicación reducida que no requieren esos dispositivos de manera permanente.

La última vivienda se reserva al cupo de emigrantes retornados.

Si quedan viviendas vacantes en los cupos especiales por falta de solicitantes que cumplan los requisitos, pasarán al cupo general, salvo las adaptadas para personas con discapacidad que precisan de forma permanente silla de ruedas u otros dispositivos de apoyo.

Límites de ingresos y patrimonio

Además de cumplir los requisitos de residencia, las personas interesadas deberán estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y acreditar alguna de las situaciones de necesidad de vivienda previstas en la normativa.

La convocatoria establece también límites mínimos y máximos de ingresos para las unidades familiares o de convivencia.

En el caso de una persona sola, los ingresos anuales deberán alcanzar al menos 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), mientras que para las unidades de dos miembros el mínimo será de 1,9 veces ese indicador.

El mínimo aumenta hasta 2,4 veces el IPREM para tres miembros y 2,5 veces para las unidades de cuatro o más personas.

Con carácter general, los ingresos no podrán superar cinco veces el IPREM anual referido a 14 pagas, aunque la resolución contempla supuestos excepcionales en los que el límite podrá elevarse hasta seis veces ese indicador, como determinadas familias numerosas o situaciones de discapacidad.

Para comprobar los ingresos y el patrimonio de los solicitantes se tomará como referencia el ejercicio fiscal de 2025.

La convocatoria también establece un límite patrimonial calculado conforme al precio máximo de venta de una vivienda protegida de referencia.

Plazo de 15 días hábiles

La resolución establece un plazo de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, para presentar las solicitudes de participación.

Las personas interesadas podrán formalizar la petición mediante el procedimiento habilitado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en el trámite específico correspondiente a esta promoción, así como por los demás medios admitidos por la legislación administrativa.

La inscripción en el Registro Público de Demandantes deberá estar vigente cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes.

La resolución precisa que estar inscrito en este registro no garantiza por sí mismo la adjudicación, que dependerá del cumplimiento de todos los requisitos, la puntuación obtenida y la disponibilidad de viviendas en el cupo correspondiente.

Si el número de solicitantes que reúnen las condiciones supera el de viviendas disponibles, se aplicará el sistema de baremación previsto, que tiene en cuenta circunstancias sociales, económicas, familiares, personales y de necesidad de vivienda.

También se constituirá una lista de reserva de 42 personas para cubrir posibles renuncias, vacantes u otras situaciones previstas en la normativa.