La Fiscalía solicita para el acusado M.A.A.L., mayor de edad y sin antecedentes penales, una condena de cinco años de prisión por un delito continuado de estafa y un delito continuado de falsedad en documento privado. El juicio se celebra en la sección I de la Audiencia Provincial el próximo 30 de abril.

Los hechos se remontan al año 2008 cuando el acusado, en su doble condición de familiar del afectado A.B.L. y de director de oficina de la entonces Caja General de Ahorros de Canarias -actualmente CaixaBank- efectuó tres retiradas de efectivo “con un evidente ánimo de obtener un enriquecimiento a costa del patrimonio” de su familiar y “sin el conocimiento y consentimiento del mismo”, señala el escrito de acusación al que ha tenido accedo Diario de Lanzarote.

La primera retirada tuvo lugar el 13 de agosto por un importe de 93.000 euros. La segunda fue tan solo cinco días después y por un valor de 75.000 euros, mientras que la última retirada se efectuó el día 22 de agosto por la cantidad de 45.000 euros. Para realizar estos movimientos, el acusado se valía de la firma de su familiar, quien le autorizaba a invertir en productos financieros con garantía de capital.

El afectado, A.B.L. “no fue consciente de tal detracción hasta pasados años desde la misma, toda vez que el acusado, MAAL, le presentó, con pleno conocimiento de su falsedad, hasta en 3 ocasiones, documentos con sello y/o formato de la entidad bancaria que reflejaban que otras cuentas bancarias a nombre de ABL contaban con tales montantes; cuentas bancarias cuya existencia no consta en la entidad bancaria”, explica el Ministerio Fiscal.

En este sentido, prosigue el escrito, el acusado falsificó tres documentos: uno con fecha de 15 de mayo de 2009 que a nombre del afectado disponía de 214.000 euros en su cuenta. El segundo documento, con fecha del 11 de junio de 2012 y a nombre también del afectado disponía en otra cuenta un total de 231.685,41 euros y, por último, un documento con fecha del 18 de junio de 2013 y también a nombre de A.B.L. en el que disponía en esta misma última cuenta un total de 237.542,76 euros.

Este “quebranto patrimonial” se eleva hasta los 213.000 euros, una cifra que el afectado reclama.

Los hechos relatados en el escrito de acusación constituyen un delito continuado de estafa y un delito continuado de falsedad en documento privado y por ello solicita una pena de cinco años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, pide una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, lo que supone un total de 4.380 euros. Por último, el Ministerio Fiscal impone la indemnización al afectado, A.B.L. la cantidad de 213.000 euros.