TRIBUNALES

Finaliza el caso La Bufona: todo listo para el juicio definitivo

Los propietarios de las viviendas que ocupan suelo rústico, entre ellos la alcaldesa de Arrecife, serán llamados al proceso penal como responsables civiles subsidiarios

Calle El Chubasquillo, en La Bufona. Foto: Adriel Perdomo.
Saúl García 2 COMENTARIOS 10/12/2020 - 07:16

El Juzgado número 3 de Arrecife ha finalizado las diligencias de instrucción del caso de la Bufona y las ha enviado al Decanato para su reparto a un Juzgado de lo Penal.

El caso se inició en el año 2000 y es la segunda vez que se va a celebrar una vista oral, ya que en la primera ocasión no se citó a los propietarios de las 14 casas afectadas.

Ahora se cita a 18 personas, propietarios de esas viviendas, en calidad de responsables civiles subsidiarios.

Entre ellas se encuentra la actual alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, el notario Celestino Mendizábal, el fiscal Miguel Pallarés o su mujer, Delia Fernández, que además ejerce la defensa de la mayoría de los vecinos.

Hay que recordar que primero el Juzgado de lo Penal y después la Audiencia Provincial condenaron al promotor y al constructor, Federico Echevarría y Antonio Caro, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio.

También fueron condenados al derribo de lo construido sin título habilitante, una parte de 14 casas construidas en suelo rústico de protección ecológica: muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. Unos 250 metros cuadrados de media por cada finca.

En julio de 2018 la Audiencia ordenó repetir las actuaciones porque se había llamado a declarar durante el procedimiento a los propietarios de las casas en calidad de testigos, mientras que tras la sentencia pasaron a ser perjudicados.

En el periodo de ejecución de sentencia, la Audiencia admitió un incidente de nulidad presentado por los propietarios y consideró que se les lesionaba un derecho fundamental, ya que no se les había citado en el procedimiento como posibles responsables civiles. Ahora el Juzgado deberá fijar una nueva fecha para la vista oral.


Los acusados, en el primer juicio.

El denunciante recalca que se construyó impunemente en suelo protegido

Por otra parte, Gonzalo Murillo, que ejerce la acusación particular como propietario de los terrenos ocupados por esas casas, solicitó a finales de noviembre ante el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, “que articule los mecanismos legales necesarios para enmendar un auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 3 de julio de 2018 que sería injusto, por basarse en hechos que no son ciertos”.

Murillo señala que los propietarios de las casas “eran plenamente conscientes de que eran ellos quienes habían construido ilegalmente sobre suelo rústico de protección ecológica” y, sin embargo, “solicitan ser los responsables civiles subsidiarios de lo que saben que son los responsables penales”.

Así, considera que “quienes han construido ilegalmente sobre suelo rústico de protección ecológica, han logrado torticeramente y por medio de aparentes mentiras, que sean otros los que se responsabilicen en primer término del resultado de la comisión de sus delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente”.

El denunciante destaca que “es un hecho cierto y contrastado” que esas obras realizadas sobre suelo rústico con ilegalizables, no tienen licencia de obra y que, tal y como se comprobó durante la instrucción del caso, fueron realizadas por los propietarios en concepto de promotores.

En la denuncia ante Fiscalía, Murillo pide que se le informe de si a los propietarios de esas viviendas “se les va a permitir violar la ley y construir impunemente sobre sus terrenos rústicos de protección ecológica que tiene al norte de la calle El Chabusquillo”.

Comentarios

20 años para celebrar un juicio, da que pensar....
Vaya cara!

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