El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo contencioso y ha declarado válidas las oposiciones por las que se incorporaron 17 bomberos al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Las oposiciones se celebraron en 2009 y, aunque en un principio, estaban destinadas a incorporar a 16 funcionarios, al final se sumó otro al haber quedado vacante una plaza en la plantilla, según se especifica en la sentencia.

El resultado de las pruebas fue recurrido por cinco aspirantes que quedaron fuera: Airam Fernández, Patricio Cazorla, José Ángel González, Sergio Uzal y Juan Luis Rodríguez, que ahora tendrán que pagar las costas del procedimiento judicial.

Entre los motivos de la demanda consideraban que se había producido una “violación” de los principios “constitucionales” en el desarrollo de la prueba psicológico, ya que el nombre del responsable “no fue publicado, impidiendo su recusación”.

También denunciaron que era “errónea la corrección y valoración de la prueba psicológica” ya que “el autor carecía de la cualificación necesaria”, puesto que, aseguraron, “no posee el título de psicólogo ni está colegio como tal”. Y consideraron que se había producido una “indefensión” porque no conocieron, según aseguran, la razón por la que fueron declarados “no aptos”.

El Cabildo replicó en el procedimiento judicial que no se habían recurrido las oposiciones “en tiempo y forma” y finalmente la Justicia consideró este criterio de que el recurso había sido “extemporáneo”.

“Arbitrarias” acusaciones

No obstante, la Corporación insular sostuvo en los tribunales que se habían respetado “en todo momento” los “principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, así como que las pruebas psicotécnicas “fueron realizadas por un técnico cualificado, tal y como se exigía en las bases de la convocatoria”. Destaca que estas pruebas se corregían con plantillas.

El ex consejero del Consorcio de Seguridad y Emergencias cuando se resolvieron las oposiciones y actual portavoz del PIL en la oposición, Ramón Bermúdez, ha expresado su “satisfacción” por la sentencia del TSJC.

Bermúdez destaca que los demandantes intentaron “poner en entredicho con sus arbitrarias manifestaciones no solo el desarrollo del proceso reglado y publicado debidamente” sino también la actuación, “profesional y discreta”, de los funcionarios públicos nombrados para el tribunal de las oposiciones, que “actuaron en todo momento con rigurosa profesionalidad y máxima objetividad”.