El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha advertido con multas de hasta 1.500 euros e incluso con exigir “la responsabilidad penal que pudiera corresponder” si el Ayuntamiento de Yaiza no identifica “a la autoridad, agente o funcionario encargado de cumplir” con la ejecución de la sentencia del polémico Hotel Papagayo Arena.

En una diligencia del pasado 4 de noviembre, el TSJC requiere al Ayuntamiento sureño para que en el plazo de 10 días identificase al responsable de cumplir con una orden del tribunal de cara a la ejecución de la sentencia que anuló la licencia ilegal dictada en la época de José Francisco Reyes.

El pleito, iniciado por el Cabildo de Lanzarote, se remonta al año 2000. El Juzgado de lo Contencioso número cinco de Las Palmas, en enero de 2022, concluyó que las “infracciones urbanísticas” del Papagayo Arena, que invade un vial de acceso público al litoral, impedían la “legalización del hotel”.

Por ello, la magistrada disponía que llevara a cabo “el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida” por la invasión de un vial público sobre el que se construyó el Papagayo Arena.

Sin embargo, en una sentencia de diciembre de 2023, el TSJC cambiaba ese criterio y concluía que “solo en el caso de que la legalización” instada por la propiedad del hotel no fuera “posible” se procedería a “acordar la demolición”.

En aquel momento, el Cabildo no había resuelto sobre el expediente relativo a la autorización turística del Papagayo Arena, que se llevó al Consejo de Gobierno de la Corporación insular el pasado mes de agosto.

Tras este acuerdo del Cabildo, el colectivo Transparencia Urbanística denunció que el Papagayo Arena estaba abierto “desde hace más de 15 años sin ningún título habilitante” y añadía que la legislación de Costas obliga al derribo de “toda edificación ilegal”.

En su autorización turística, el Cabildo apuntaba que el hotel también debía contar con informes favorables de Yaiza y de Costas para su hipotética regularización.

Nuevo deslinde de 100 metros

Precisamente al informe de Costas es a lo que se agarra la representación del Ayuntamiento sureño. En un escrito dirigido al TSJC, el letrado de Yaiza señala que “Costas debe informar sobre los accesos al mar” después de que la Justicia anulase la parte del Plan General de Ordenación (PGO) relativa al litoral.

Línea de servidumbre de protección de Costas, de 100 metros desde el litoral.

“A esta parte le es imposible el cumplimiento de la sentencia, al menos hasta que el resto de las administraciones se pronuncien”, señala la defensa del Consistorio

Además, el nuevo deslinde aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica es más restrictivo, aprobado el pasado julio, al aumentar de 20 a 100 metros la zona de servidumbre de protección de Costas. Esto “afecta al hotel directamente”, señala el letrado de Yaiza en referencia al Papagayo Arena.

“El Ayuntamiento está pendiente de interponer recurso contra el deslinde aprobado, ya que todos los planes parciales han sido modificados por la aprobación de los 100 metros de servidumbre de protección”, agrega el abogado.

"Imposible el cumplimiento" de la orden

En su respuesta al TSJC, la representación de Yaiza trata de esquivar la orden de identificar al responsable de la ejecución de la sentencia en el marco del expediente abierto para determinar si el Papagayo Arena puede obtener una nueva licencia urbanística tras la anulación de la que otorgó Reyes.

El Ayuntamiento de Yaiza sostiene que “no ha tenido traslado alguno sobre si el Cabildo ha finalizado el expediente de licencia provisional” turística

“A esta parte le es imposible el cumplimiento de la sentencia, al menos hasta que el resto de las administraciones se pronuncien”, señala la defensa del Consistorio. También añade que, al afectar el nuevo deslinde de Costas al Plan General y a los planes parciales, incluido el de Las Coloradas, donde está el Papagayo Arena, “no hay un solo técnico que tramite el expediente, sino que existe colaboración entre el secretario y los técnicos del Área”.

“Con todo ello”, finaliza el letrado, el Ayuntamiento “no se niega a cumplir con su obligación, pero lo cierto es que nos es imposible, pues no sabemos a ciencia cierta qué servidumbre de protección tienen los accesos al mar y debe esperar al pronunciamiento de otras administraciones”, en referencia al departamento del Ministerio para la Transición Ecológica.