El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda presentada por la Fiscalía contra la actual vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, que también es la secretaria general del Partido Popular de Lanzarote, mano derecha de Ástrid Pérez, jefa de la organización política y presidenta del Parlamento de Canarias.

El decreto, firmado el pasado 27 de mayo por el letrado secretario del Departamento Tercero de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, admite la demanda de reintegro por alcance formulada por la Fiscalía el 6 de mayo y ordena dar traslado de la misma en un plazo de 20 días.

La reclamación económica asciende a 78.529,31 euros de principal y 10.307,05 euros de intereses legales, lo que eleva el importe total reclamado a 88.836,36 euros. Además de Tovar, han sido demandadas las exconcejalas Eva de Anta y Victoria Sande, por un presunto perjuicio económico a las arcas municipales derivado de subvenciones concedidas en 2020 cuya acción de reintegro habría prescrito.

Cabe destacar que María Jesús Tovar está considerada por la Fiscalía como responsable contable directa de todo el dinero que el Ayuntamiento habría dejado prescribir, al igual que Sande, mientras que la responsabilidad para De Anta se limita a 12.087 euros.

De forma específica, la Fiscalía pide “que se condene a las demandadas al pago de la cantidad en que se ha cifrado el perjuicio en favor del Ayuntamiento de Arrecife respondiendo solidariamente entre sí por los importes de los periodos coincidentes”.

Tal y como se recoge el decreto, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, el procedimiento tiene su origen en las actuaciones iniciadas tras un escrito de la Fiscalía de marzo de 2024, basado en el informe de fiscalización elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre las subvenciones de concesión directa concedidas por el Ayuntamiento de Arrecife durante el ejercicio 2020.

La demanda se dirige contra la actual secretaria general del PP de Lanzarote y vicepresidenta del Cabildo, así como contra De Anta y Sande

En abril de 2025, el Tribunal de Cuentas aprobó un acta de liquidación provisional en la que apreciaba, con carácter previo, la existencia de un presunto alcance por la prescripción de la acción para reclamar subvenciones no justificadas por importe de 78.529,31 euros, además de los intereses legales correspondientes.

La demanda presentada ahora por la Fiscalía solicita que las tres demandadas sean declaradas responsables contables directas y solidarias.

El Ministerio Fiscal sostiene que las demandadas serían responsables de la concesión de las subvenciones, de la verificación de su destino y, por omisión, de la prescripción de la acción para reclamar su reintegro.

El Ayuntamiento se apartó

Uno de los aspectos destacados de este procedimiento es que el Ayuntamiento de Arrecife decidió no ejercer acciones judiciales. El pasado mes de marzo, el PSOE elevó una moción al pleno de la Corporación insular, que fue apoyada por Coalición Canaria, para solicitar el archivo. Los concejales del Partido Popular y de Vox se abstuvieron.

El procedimiento entra ahora en fase de contestación a la demanda y las tres demandadas disponen de veinte días para presentar alegaciones

El decreto del Tribunal de Cuentas, efectivamente, recoge que tras personarse inicialmente en la causa, la representación procesal del Consistorio solicitó el “archivo de las actuaciones” en cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno municipal, por el que se decidió no reclamar judicialmente las cantidades investigadas.

“Por diligencia de ordenación de 8 de abril de 2026, visto que el Ayuntamiento de Arrecife solicita el archivo de actuaciones se acordó dar traslado de copia de las actuaciones al Ministerio Fiscal, para que, dentro del plazo de veinte días, formulase, en su caso, la oportuna demanda”, lo que finalmente sucedió el pasado 6 de mayo.

De esta manera, el Ayuntamiento, que es la entidad cuyas arcas presuntamente resultaron perjudicadas, ha quedado apartado formalmente del procedimiento, por voluntad propia, sin posibilidad de reclamar el pago.

Rechazo al informe municipal

El nuevo paso procesal se produce después de que el Tribunal de Cuentas ya rechazara los recursos presentados por María Jesús Tovar, Eva de Anta y Victoria Sande contra la continuación del procedimiento.

El Ayuntamiento de Arrecife decidió no ejercer acciones judiciales y quedó apartado del procedimiento antes de la presentación de la demanda de la Fiscalía

En una resolución anterior, el órgano fiscalizador descartó los argumentos basados en un informe de los servicios jurídicos municipales favorable al archivo del caso y recordó que determinar la existencia o no de responsabilidad contable corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas.

Además, el tribunal señaló entonces que el dictamen jurídico municipal constituía "una mera opinión, no decisoria, ni siquiera vinculante para la propia entidad".

Con la admisión de la demanda de la Fiscalía, el procedimiento entra ahora en una nueva fase procesal. Las tres demandadas deberán presentar contestación en el plazo fijado por el Tribunal, mientras las partes disponen también de cinco días para formular alegaciones sobre la cuantía del procedimiento.