El informe sobre las subvenciones concedidas de forma directa por el Ayuntamiento de Arrecife, en el que se advertía ya de supuestas responsabilidades en materia económica y que ha terminado en la apertura de la fase de juicio en el Tribunal de Cuentas contra María Jesús Tovar, era conocido por Ástrid Pérez desde más de un año antes de que se citara a la actual vicepresidenta del Cabildo en el supremo órgano fiscalizador del Estado.

El origen del caso se encuentra en ese informe elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, aprobado por el pleno de la entidad el 28 de diciembre de 2023. El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, envió de forma expresa el citado informe a la presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez, el 15 de enero de 2024. María Jesús Tovar declaró en el Tribunal de Cuentas el 24 de abril de 2025.

En el informe se analizaban las subvenciones concedidas de forma directa por cinco ayuntamientos, entre ellos el de Arrecife, durante el año 2020. La elaboración del estudio estaba prevista desde el año 2021, al incluirse en el programa de actuaciones de la Audiencia de Cuentas. La parte dedicada a Arrecife, donde se resaltan las supuestas irregularidades, es de apenas 11 páginas, al margen de los anexos.

La Audiencia de Cuentas destacaba desde el inicio del informe de fiscalización que el estudio se enviaría  a los ayuntamientos, al Parlamento de Canarias que presidía Ástrid Pérez desde junio de 2023, después de dimitir como alcaldesa de Arrecife, y al Tribunal de Cuentas, que fue el que intervino a la vista del contenido del análisis realizado sobre las ayudas.

Unos días después de que el Parlamento recibiese el informe de la Audiencia de Cuentas, el 25 de enero de 2024, el secretario de la Cámara, por delegación de Ástrid Pérez, lo publicaba en el boletín oficial.

La Audiencia de Cuentas le entregó el informe a la presidenta del Parlamento el 15 de enero de 2024.

Alerta inicial

En su informe, la Audiencia de Cuentas ya alertaba de que mediante un decreto de febrero de 2021, dictado por Tovar, se habían declarado “prescritas todas las subvenciones no justificadas para las que había transcurrido el plazo de cuatro años”.

En esos casos, no se habían justificado los gastos realizados ni acreditado el cumplimiento del objeto de la subvención, “lo que constituye un requisito esencial por lo que pudiera haber surgido un descubierto por alcance al existir un daño real y efectivo, económicamente evaluable e identificado respecto a unos caudales públicos concretos”.

El informe que dio origen al caso Tovar fue enviado por la Audiencia de Cuentas al Parlamento y también al Tribunal de Cuentas

De forma provisional, la Audiencia de Cuentas calculaba que el daño económico ascendía a 57.991 euros. El Tribunal de Cuentas elevaría después ese importe a 78.529 euros, con 10.307 más de intereses legales, por haber dejado prescribir la acción de reintegro de subvenciones no justificadas.

En cualquier caso, la Audiencia de Cuentas ya subrayaba que de su análisis se concluía que se daban “los requisitos” para considerar una “posible existencia de responsabilidad contable”.

Cabildo y partido

Pese a las alertas lanzadas por la Audiencia de Cuentas, que hacían previsible que las presuntas responsabilidades económicas acabasen en un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas, Ástrid Pérez promovió el ascenso en el Cabildo y en el Partido Popular de María Jesús Tovar.

Ástrid Pérez promovió a Tovar como número dos del PP de Lanzarote un mes antes de su declaración en la investigación del Tribunal de Cuentas

En enero de 2025 se destituyó a Jacobo Medina como vicepresidente del Cabildo de Lanzarote para situar en ese puesto a Tovar. Y en marzo, apenas un mes antes de la declaración de Tovar en el marco de la investigación del Tribunal de Cuentas, Ástrid Pérez la colocó como su mano derecha en el PP de Lanzarote, en sustitución también de Medina en la secretaría general.

Ahora, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha activado el procedimiento de juicio de cuentas contra Tovar por el perjuicio económico generado en su etapa como concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife, con Ástrid Pérez en la alcaldía, resaltado por la Audiencia de Cuentas en su informe.