El Tribunal Supremo ha rechazado la admisión de un recurso interpuesto por el Hotel Papagayo Arena, cuya licencia fue declarada ilegal y anulada en julio de 2007. De esta forma, el Supremo cierra la puerta a un intento de los propietarios del hotel para evitar la ejecución de la sentencia.

En 2013, el Ayuntamiento de Yaiza requirió a la empresa propietaria del Papagayo Arena para que procediera a “instar la legalización” en un plazo de tres meses. Se trata del procedimiento habitual para determinar si, una vez que la licencia de obras fue anulada, el establecimiento podría conseguir un nuevo permiso o, por el contrario, no cabe su regularización con el nuevo Plan General.

El Hotel Papagayo Arena impugnó en los tribunales el requerimiento del Ayuntamiento de Yaiza, pero el Juzgado de lo contencioso, en noviembre de 2015, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en septiembre de 2017, dieron la razón al Consistorio y rechazaron el recurso del hotel.

Ahora, en un auto fechado este pasado 18 de febrero, el Tribunal Supremo rechazada admitir a trámite un recurso de casación del Hotel Papagayo Arena, que ha intentado esquivar el requerimiento del Ayuntamiento de Yaiza, cuyo cumplimiento obliga a revisar las obras ejecutadas y si tendrían encaje en el actual planeamiento urbanístico.

El Papagayo Arena ha sostenido sin éxito en los tribunales es que se habrían vencido los plazos para la ejecución de la sentencia que anuló su permiso de obras y el consiguiente restablecimiento de la realidad alterada.

Sin embargo, el Supremo rechaza que esté “caducada la potestad de restauración de la legalidad urbanística” y, al contrario, recuerda que las sentencias recurridas señalan que “tal potestad ya se ejecutó en plazo”.

Intento de mediación

Los intentos del Hotel Papagayo Arena para eludir el cumplimiento de la sentencia no han consistido solo en recursos en los tribunales. También pidieron una mediación al Cabildo, como parte en el procedimiento judicial en el que se declaró ilegal la licencia de construcción del hotel, encajado en la playa de Las Coloradas, en Playa Blanca.

Los servicios jurídicos del Cabildo descartaron esa posibilidad, el hotel insistió en que lo que pedía era una mediación directa del consejero de Política Territorial, Echedey Eugenio, y éste señaló el pasado mes de diciembre que su posición era la misma que la representación legal de la institución y situó el conflicto entre el hotel y el Ayuntamiento de Yaiza.

Ilegalidades urbanísticas

El informe ‘Legalidad urbanística’, redactado por el propio Cabildo, indica que el hotel incumple artículos del Plan Insular “sobre la adecuación de la edificación a la topografía del lugar y a la arquitectura de Lanzarote”, además de la altura y el número de plantas máximas, así como que “supera notablemente” las condiciones de edificabilidad del plan parcial de Las Coloradas y los retranqueos.

El Hotel Papagayo Arena, junto con el Son Bou, es uno de los hoteles que más complicada tiene su legalización. Se construyó uniendo dos parcelas que eliminaron un paso hacia la costa, un pasillo verde en el que no se podía edificar nada.

Ese paso peatonal fue una condición fundamental para que Costas diera su visto bueno a la urbanización de Las Coloradas a finales de los años ochenta. Hace cuatro años, la Dirección General de Costas aprobó un proyecto para trasladar ese paso a uno de los laterales del hotel, para el que necesita al hotel colindante, el Dream Gran Castillo, pero el Ayuntamiento no dio por bueno el proyecto.

El hotel, no obstante, considera que en el marco del nuevo Plan General es posible una solución y, respecto al cambio del vial, destaca que ya fue informado de forma favorable por Costas aunque falta también que se pronuncie al respecto de esa solución el Gobierno de Canarias.

Demolición

Por su parte, la Fundación César Manrique, en sus alegaciones al intento de mediación pedido por el hotel Papagayo Arena, apunta que la ejecución de la sentencia consiste en la demolición del hotel al ser ilegalizable.

En abril de 2016, el Ayuntamiento de Yaiza acordó que no se le podía conceder la licencia tampoco con el nuevo Plan General de 2014 y el hotel ha llevado también ese acuerdo a los tribunales tal y como hizo el Hotel Son Bou, que también se declaró ilegalizable y se tendría que derribar, con lo que en ambos casos se inician dos nuevos procedimientos después de que lleven diez años con la licencia anulada y no se haya ejecutado la sentencia.