“La delimitación espacial actual de las figuras de protección existentes resulta inadecuada en relación con el funcionamiento ecológico real del sistema”. “La configuración del Archipiélago favorece una conectividad ecológica intensa entre hábitats someros y profundos, lo que refuerza la necesidad de enfoques de gestión integrados que consideren el sistema marino como una unidad funcional”.

Ambas son afirmaciones incluidas en el documento final de los resultados del Proyecto Amplía, que concluye que sería necesario ampliar los límites marinos de las figuras de protección, en este caso de las Reservas de la Biosfera de las islas orientales “en consonancia con los criterios del Programa MaB” de la Unesco.

El proyecto Amplía, con el subtítulo de “otra forma de gestionar los fondos marinos”, ha hecho un diagnóstico del estado de los recursos biológicos marinos de las islas orientales con el objeto de ampliar el área marina de sus Reservas de la Biosfera.

El estudio está elaborado por José Juan Castro, David Jiménez, Ana Espino, Tomas Bañeras, Raibel Núñez, Julián Cabana y Lorena Couce, todos pertenecientes al IU-Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a Airam Guerra, de la Universidad del Atlántico Medio y Ángelo Santana, del Departamento de Matemáticas de la ULPGC. Está financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, en convocatoria pública de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

Se trata de un exhaustivo estudio que recopila información científica, técnica y participativa, con datos ecológicos, ambientales y socioeconómicos, junto al conocimiento local obtenido mediante procesos de transferencia y participación ciudadana.

“Las reservas de la biosfera, tanto terrestres como marinas, actúan como laboratorios vivos del desarrollo sostenible, pero se enfrentan a desafíos significativos tales como la presión turística, la urbanización costera, la sobreexplotación de recursos marinos y los impactos del cambio climático, como el aumento de la temperatura del océano. Su eficacia depende en gran medida de la coordinación institucional, la adecuada aplicación de la normativa, la financiación suficiente y la implicación activa de la población local. En este contexto, las reservas de la biosfera marinas y costero-marinas representan una oportunidad estratégica para avanzar hacia una gestión más integrada y sostenible del territorio y del mar”, dice el estudio.

Partiendo de esa base, el documento final propone una ampliación de los límites de las Reservas de la Biosfera de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote hacia las aguas perimetrales. Los datos ecológicos y ambientales proceden de los muestreos intermareales y submareales, con información sobre biodiversidad, riqueza específica, estructura comunitaria, biomasa, densidad, distribución espacial de especies y hábitats, así como indicadores de presión antrópica asociados a actividades recreativas y usos costeros, más los resultados relativos a la conectividad ecológica y la caracterización de hábitats clave para especies vulnerables y protegidas. De la misma forma, se han integrado datos espaciales y cartográficos.

Un elemento clave del proceso ha sido la información obtenida a través de los talleres en los que participaron representantes de las administraciones públicas, del sector pesquero, usuarios recreativos, ONG´s y la comunidad científica, entre otros.

Con toda esa información se elaboraron los mapas de propuestas de ampliación y ordenación espacial del área marina de la Reserva de la Biosfera en cada una de las islas. Gracias a la unión de todos esos datos se han podido identificar áreas prioritarias para la conservación y zonas donde la intensidad de usos humanos requiere una ordenación específica.

Los resultados apoyan la necesidad de avanzar a una protección integral

Los mapas de presión elaborados mediante los datos científicos y los realizados a partir de los talleres de participación coinciden, por lo que “evidencian que los distintos grupos de interés poseen una percepción compartida de las principales vulnerabilidades del sistema”.

Así pues, las propuestas de modificación y nueva delimitación de zonas núcleo, tampón y de transición no responden únicamente a criterios ecológicos, sino que incorporan de manera explícita la intensidad de los usos, los conflictos potenciales y las oportunidades de gestión. Se trata, en definitiva, de zonas consensuadas.

Planificación

Los resultados ponen de manifiesto, en primer lugar, “que la planificación espacial marina basada en datos científicos y procesos participativos constituye una herramienta eficaz para mejorar la gestión y conservación del medio marino”. Esta propuesta, por tanto, se convierte en “una base técnica sólida para apoyar la toma de decisiones y avanzar hacia una gestión adaptativa y coherente” en la Reservas que contribuya “al mantenimiento de la biodiversidad y al uso sostenible de los recursos marinos a largo plazo”.

En segundo lugar, estas propuestas están orientadas a poner de relieve la “gran y excepcional biodiversidad marina” que tiene Canarias, donde se pueden hallar 7.618 especies censadas, y a la vez su gran fragilidad “y la necesidad de que toda ella, con independencia que se encuentre cerca de la costa o en aguas oceánicas, en zonas intermareales y someras o a grandes profundidades, debe estar protegida”.

Hay un decrecimiento del 32% en la talla media de muchas especies

Por este motivo se cree que es fundamental una protección integral, incluyendo todo el espacio marino de la Zona Económica Exclusiva de España en Canarias bajo el paraguas de las Reservas de la Biosfera, para que así sea reconocido por la Unesco. “Canarias es uno de los puntos calientes más importantes, si no el más importante, de biodiversidad marina del Atlántico Noreste, el más importante de España y de Europa, y esta importancia debe ser reconocida y puesta en valor”, finaliza el documento de conclusiones.

El “alto valor ecológico” del sistema marino, su diversidad de hábitats, la elevada riqueza específica y la presencia de áreas clave para especies de interés ecológico y de conservación evidencian que este espacio marino constituye “un socioecosistema de elevada complejidad y singularidad, plenamente alineado con los principios y objetivos del Programa MaB”.

Los procesos ecológicos que sostienen este sistema no se limitan al ámbito costero, sino que se extienden de forma continua hacia aguas neríticas y oceánicas, en todo su rango de profundidades. Además, los ecosistemas marinos de las islas orientales se encuentran sometidos a “presiones antrópicas crónicas”. Una de las más determinantes es la pesca, tanto la profesional como la recreativa. Pero no es la única. También está la contaminación, la modificación de la costa o el cambio climático, que impactan de manera significativa en especies y ecosistemas.

Pesca

La mayor parte de las especies están sobreexplotadas, con signos claros de reducción de biomasa y talla media y, frente a esto, el modelo de gestión pesquera aplicado en Canarias “ha mostrado una escasa capacidad de adaptación a los cambios ecológicos, sociales y tecnológicos de las últimas décadas”.

Se ha incrementado la capacidad extractiva por tres factores principalmente: la modernización de la flota, el desarrollo de infraestructuras terrestres y el crecimiento de la pesca recreativa, que ya no se puede considerar marginal. “Su elevada concentración espacial en zonas costeras de alto valor ecológico refuerza la necesidad de incorporarla explícitamente en los balances de mortalidad pesquera y en los procesos de planificación espacial”, señala el estudio.

En Lanzarote, en los distintos puertos, faenan 114 barcos de pesca, y en Fuerteventura 81, mientras que en Gran Canaria faenan 108. La gran mayoría utiliza artes menores como nasas, liña, caña, cerco, cordel y cazonal, que son los más utilizados.

Los túnidos y los peces pelágico-costeros constituyeron el principal soporte económico de la pesca artesanal en todas las islas, superando el 50 por ciento de los ingresos. Los crustáceos, pese a su menor volumen de captura, fueron el recurso más rentable en términos de euros por kilo, especialmente en Lanzarote y La Graciosa, donde alcanzaron los precios medios más elevados.

La mayor diversificación de capturas en Fuerteventura y Lanzarote sugiere, por otra parte, una menor dependencia de un único recurso, “lo que aporta mayor estabilidad económica frente a fluctuaciones ambientales o de mercado”.

Por otra parte, la pesca recreativa es cada vez más importante, y su valor representa casi el 80 por ciento del valor estimado de la pesca profesional artesanal. La pesca desde embarcación es la modalidad con mayor capacidad extractiva y mayor impacto, mientras que la pesca submarina ejerce una presión significativa sobre grandes reproductores de alto valor ecológico y pesquero, como serránidos, espáridos y túnidos.

Caladeros

No existen muchos estudios que permitan saber cuáles son las partes de los caladeros insulares que soportan más presión aunque algunos apuntan a que hay una distribución relativamente intensa del esfuerzo de pesca por todo el perímetro de las islas orientales, pero con zonas específicas más presionadas, que serían todas las áreas próximas a los puertos base, además de los montes submarinos al sur de Fuerteventura (El Banquete y Amanay), el Estrecho de la Bocaina, La Santa y los bordes y la parte del interior de la Reserva de Interés Pesquero de La Graciosa e islotes del norte.

En Canarias se ha observado un decrecimiento próximo al 32 por ciento en la talla media de muchas especies de peces. El estudio recomienda aplicar el criterio L95 (talla de madurez masiva), que asegura que el 95 por ciento de los individuos han tenido oportunidad de reproducirse antes de ser capturados, como criterio de seguridad para garantizar la conservación de todo el acervo genético del conjunto de las especies objetivo de la pesquería.

Esta se considera una herramienta eficaz para su recuperación a medio plazo, pero para garantizar la recuperación de las poblaciones “en plazos de tiempo razonables”, debe ir acompañada de otras medidas de gestión, como aplicar topes de captura, vedas temporales y la implantación de áreas marinas protegidas de no pesca en el conjunto de las islas.

La situación de los ecosistemas marinos pone de relieve la importancia de adoptar medidas de gestión orientadas no solo a la conservación de especies o hábitats concretos, sino también a la restauración y mantenimiento de los procesos ecológicos clave que sustentan la estabilidad y productividad del sistema a largo plazo. Y, en ese sentido, la ampliación y reorganización espacial de las áreas de protección puede contribuir de manera significativa “a reforzar la resiliencia socioecológica del sistema marino canario”, aumentar su estabilidad y reforzar su capacidad de adaptación frente al cambio climático.

El estudio identifica hábitats estratégicos, como las praderas de Cymodocea nodosa, las áreas de retención larvaria, los fondos bentodemersales productivos y las ISRAs (áreas importantes para tiburones y rayas). La inclusión efectiva de todas estas áreas “dentro de un marco de protección coherente” resultaría esencial para asegurar la persistencia de especies altamente vulnerables y de ciclo vital complejo.

En el caso de los cetáceos, la amplitud espacial de sus áreas de uso del hábitat, desde aguas costeras hasta dominios oceánicos profundos, refuerza la necesidad de una protección que trascienda los límites tradicionales de la gestión costera.

Propuestas que incluyen el Banco Concepción y los montes submarinos más al norte.

Zonas

Los resultados del proyecto apoyan “de forma clara” la necesidad de avanzar hacia una protección integral del espacio marino asociado a las islas, incluyendo al menos el ámbito de la Zona Económica Exclusiva de España en Canarias. Esa zona se extendería desde la costa hasta 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros). En el caso de las islas orientales, en dirección a África, no está definida la zona, ya que Marruecos también la reivindica como propia.

En cualquier caso, su expansión permitiría integrar “conservación, uso sostenible y desarrollo socioeconómico” bajo un marco reconocido internacionalmente y facilitar la coordinación entre administraciones, sectores productivos y la sociedad civil.