La tensión entre el Partido Popular de Ástrid Pérez y Coalición Canaria está aumentando de forma significativa. El grupo popular en el Cabildo amenaza en un escrito dirigido al presidente de la Corporación insular con el Código Penal si no se debate y vota la moción para declarar persona ‘non grata’ al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

La iniciativa, impulsada públicamente por Ástrid Pérez, actual presidenta del Parlamento de Canarias y máxima responsable del PP de Lanzarote desde 2008, fue retirada el jueves del orden del día del pleno de julio, que se celebra este viernes, por su carácter ilegal, basándose en un informe de los servicios jurídicos del Cabildo.

La respuesta inicial del Partido Popular fue anunciar un recurso, pero según ha podido saber Diario de Lanzarote, se ha producido una vuelta de tuerca y en un escrito registrado en el Cabildo, el grupo popular ha sido amenazar al presidente del Cabildo deslizando que podría incurrir en un delito si impide que se vote la moción contra Pedro Sánchez.

El informe del secretario del Cabildo dejó claro que en el caso de que la polémica moción se votara y se aprobase “estaría viciada de nulidad de pleno derecho”, por lo que en ningún caso la institución insular podría tomar el acuerdo de declarar persona ‘non grata’ al presidente del Gobierno de España.

No obstante, el grupo popular se agarra a que si la moción fuese rechazada por la mayoría del pleno, como todo parece indicar, no tendría efectos y no “no cabría” la “nulidad” de pleno derecho porque no se habría adoptado el acuerdo.

“Es por ello que el grupo popular interesa que se acuerde el mantenimiento o la reincorporación de dicha moción” al pleno de este viernes, “aún a sabiendas de que el resultado del debate pueda dar lugar a un acuerdo que eventualmente pudiera considerarse nulo de pleno derecho”, insiste el Partido Popular.

En un escrito, sostiene que la retirada de la moción “puede ser constitutiva de una infracción grave conforme al artículo 542 del Código Penal”

En el citado escrito, el grupo popular resalta que formula esta petición “en virtud del principio democrático y del derecho a la participación política de los grupos representados en la Corporación, con el único objetivo de permitir el debate público y la expresión institucional sobre una cuestión de evidente interés político general”.

Acto seguido, lanza una advertencia a Oswaldo Betancort que no ha sentado nada bien en las filas de Coalición Canaria: “En este sentido, esta conducta [la retirada de la moción] puede ser constitutiva de una infracción grave conforme al artículo 542 del Código Penal”.

El artículo citado por el PP en su escrito dirigido al presidente del Cabildo estipula que “incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”.

El escrito presentado por el grupo popular pide que celebre una junta de portavoces previa al pleno de este viernes y que se suspenda el pleno hasta que desarrolle la misma.