El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que gobierna en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo con PSOE y Coalición Canaria, ha mostrado su “respeto” a la actuación judicial en el caso Montecarlo, que ha provocado la dimisión del hasta ahora alcalde, José Montelongo.

“En el PIL no vamos a ejercer de ‘policía’ o de ‘jueces y parte’ como sí hicieron otros con todos nosotros”, destacó la formación insularista presidida por Ramón Bermúdez, en referencia a la expulsión de los grupos de gobierno de todos los cargos públicos pilistas cuando estalló el caso Unión en 2009, estuvieran o no investigados.

“En su día, pedimos disculpas por cualquier actuación errónea o ilícita que pudiera haber cometido cualquiera de nuestros compañeros” y “nos hemos sometido a la actuación judicial como corresponde, y al castigo de nuestros votantes con humildad”, señala el PIL.

“Posteriormente”, añaden, “hemos hecho una remodelación interna en el partido para reducir cualquier tipo de duda sobre los objetivos que tiene nuestro partido de luchar por Lanzarote, libres de los problemas personales de cualquiera, y con absoluta independencia de poderes ajenos a la Isla”.

Para el PIL, “ahora sería relativamente fácil tirar de hemeroteca y ver lo que dijeron unos y otros sobre todos los componentes del PIL, sin miramientos de ningún tipo y con contundencia, aunque total injusticia para la mayoría de nosotros”.

“No vamos a responder con la misma moneda”

Los insularistas recuerdan como se pidió hasta su “ilegalización con absoluta alegría”. “Pero no vamos a responder con la misma moneda; nosotros hemos hecho nuestros deberes, y somos hoy un partido renovado, modesto pero limpio, sin ningún encausado en nuestras filas, ni en cargos públicos ni orgánicos”, subraya el PIL en un comunicado.

“Mostramos nuestro respeto a todas las partes, y el deseo de que las consecuencias políticas a extraer las hagan los interesados y los partidos políticos a los que corresponda de la manera más rápida y razonable que sea necesaria, para que afecte lo menos posible al normal funcionamiento de las Instituciones”, concluye.