La UCO le investigó por asesorar a Lleó

El magistrado que asesoró a Urdangarín estuvo implicado en el caso Unión

Fernando Becerra y Luis Lleó en la cafetería Unión.
Saúl García 7 COMENTARIOS 09/04/2015 - 12:58

El magistrado Ángel Aguallo Avilés no sólo asesoró al margen de la ley a Iñaki Urdangarín, también lo hizo durante la etapa en la que era letrado del Tribunal Constitucional al empresario Luis Lleó, el principal acusado de la mayor trama de corrupción registrada jamás en la isla de Lanzarote, el conocido como caso Unión.

Varios correos electrónicos muy comprometedores enviados desde su cuenta oficial del Tribunal Constitucional fueron descubiertos por la Guardia Civil en un registro realizado en las oficinas del empresario. En ellos, Aguallo llegaba a proponer fórmulas para esquivar el pago de impuestos y fijaba la manera de cobrar sus honorarios y los de otros asesores, entre los que también apareció otro juez actualmente en ejercicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Ignacio Sánchez Yllera.

El único auto invalidado por la justicia de las decenas que las defensas han tratado de anular en esta causa ha sido precisamente el que autorizó la entrada y registro a las oficinas donde fue descubierto el ordenador que almacenaba estos correos. Por eso ni Aguallo ni Yllera fueron jamás imputados en esta causa.

Antes de marzo de 2008, Aguallo era letrado del Tribunal Constitucional y, según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), aportado a un Juzgado de Lanzarote, asesoró fiscalmente durante 2006 y 2008 a Luis Lleó, un conocido empresario lanzaroteño, acusado de soborno y a punto de ser juzgado. Aguallo cobró al menos 75.000 euros por su asesoramiento, tal y como demuestra una transferencia bancaria que se adjunta al informe, aunque los honorarios negociados eran de 150.000.

La UCO, tras el análisis de los correos, concluyó que Aguallo era el autor intelectual de un documento que firmaba el funcionario del Ayuntamiento de Sevilla Ignacio Pérez Royo, cuya finalidad sería la de respaldar que la sociedad Costa Roja, dedicada a la promoción urbanística, propiedad de Lleó, fuera considerada como sociedad patrimonial, lo que le iba a permitir ahorrarse casi dos millones de euros en impuestos. Lo que recomendaba el informe, según la UCO, era que la sociedad se liquidara y que las acciones las adquirieran la mujer de Lleó y la de su socio. Antes se les debía dotar de rentas para hacer creíble la operación. Y eso fue lo que se hizo.

Además de a Aguallo y a Pérez Royo, la Guardia Civil responsabilizó de ese asesoramiento a otro letrado del Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera, que fue jefe de gabinete de Teresa Fernández de la Vega y que actualmente ocupa plaza en la Audiencia Provincial de Madrid. Sánchez Yllera fue juez en Lanzarote y era amigo de Lleó, con quien mantenía una correspondencia fluida, al igual que con Manuel Matamoros, abogado del empresario.

La UCO concluía en su informe de 96 folios, fechado en enero de 2013, respecto al asesoramiento de los magistrados que "no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades cometidas desde el punto de vista fiscal por Residencial Costa Roja (...), por lo cual pudieran haber cometido ilícitos penales de naturaleza fiscal al realizar operaciones, tanto contables como instrumentales, que pudieran derivar en defraudación de impuestos a la Hacienda Estatal".

La trama de Costa Roja

En Costa Roja, una pieza de suelo a la entrada de Playa Blanca, Lleó pretendía construir, con esa sociedad, mil viviendas. El entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (del Partido Nacionalista de Lanzarote), que se enfrenta a la petición de 25 años de cárcel por el caso Yate por haber concedido licencias ilegales y por blanqueo de capitales, entre otros delitos, le otorgó el permiso en un suelo donde no se podía conceder. El Cabildo de Lanzarote recurrió el permiso y logró paralizar las obras.

Un informe de la Guardia Civil señalaba a Ángel Aguallo Avilés como consejero del empresario Luis Lleó

El entonces consejero de Política Territorial y secretario insular del PSOE, Carlos Espino, dio un paso más y denunció los hechos por la vía penal. Entonces Lleó debió pensar que era buena idea intentar sobornar a Espino para desbloquear la situación urbanística y envió como intermediario a otro empresario, Fernando Becerra, que fue quien le ofreció a Espino una sustanciosa comisión por arreglar el asunto. Espino denunció los hechos y se puso en marcha la operación Unión que, seis años después, está dividida en 14 piezas con más de sesenta imputados.

Becerra confesó tras su detención en mayo de 2009. Lleó también fue detenido y enviado a prisión provisional. La Fiscalía le pide seis años de cárcel y, aunque ha presentado sesenta recursos durante la instrucción de su caso (“es usted un hombre de recursos”, le dijo el fiscal Javier Ródenas en la última vista), será juzgado este año.

La Audiencia Provincial de Las Palmas le ha tumbado todos los recursos, como al resto de imputados, que han intentado por todos los medios, con teoría de la conspiración incluida, destruir el caso de corrupción más grande la isla y uno de los más grandes de Canarias. Otro de los imputados que más ha impulsado esta teoría y que más recursos ha presentado, junto a Lleó, es Dimas Martín, ex senador, ex presidente del Cabildo y ex parlamentario, con seis condenas a sus espaldas. Martín comparte abogado con Diego Torres, el ex socio de Urdangarín: Manuel Gonzalez Peeters.

Anulación del registro

Pero la Audiencia Provincial de Las Palmas no tumbó todos los recursos que pretendían desarticular la instrucción de esta macro causa: el único que se ha admitido es el que pedía la anulación del auto de entrada y registro a las oficinas de Lleó, dictado por el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro. Esa anulación tuvo un efecto inmediato: el informe elaborado por la UCO sobre los magistrados Aguallo y Sánchez Yllera aportado al Juzgado dejó de tener validez jurídica porque se confeccionó con las pruebas obtenidas en ese registro.

La investigación de la UCO apuntaba a que habría sugerido fórmulas para esquivar el pago de impuestos

Lo curioso del caso es que en ese auto anulado, de mayo de 2009, no aparece la firma del juez Pamparacuatro. Ni siquiera aparece el nombre de Lleó. El texto de fundamentación del auto es el mismo que se usó para solicitar el registro del Ayuntamiento de Yaiza, donde se buscaba el proyecto de Lleó. La dirección de la oficina es la correcta pero aparece en un párrafo el nombre de otra imputada. La Audiencia consideró que había que anular los autos pero ni siquiera tuvo en cuenta que, según el propio juez instructor, no es el auto original que él redactó, imprimió y firmó.

Después de que se levantara el secreto de sumario de Unión, de más de 30.000 folios, Lleó puso sobre la mesa que había más de veinte autos y otras resoluciones que no tenían la firma del juez Pamparacuatro, que desde 2010 está destinado en Tenerife. El juez fue llamado por la actual instructora, Silvia Muñoz, para resolver la ausencia de firma, y se negó a firmarlos porque asegura que aquellos no eran los originales. El entonces secretario judicial reconoció entonces que, ante la falta de algunos autos, él mismo había vuelto a imprimir, años después, algunas de esas resoluciones, y las había firmado. Pamparacuatro denunció estos hechos  en el Juzgado y ha pedido que se investigue el robo o extravío de esos autos, entre los que estaba el auto que afectaba los magistrados.

Sin apoyo para la instrucción

En su denuncia por la desaparición de los autos del sumario, el juez Pamparacuatro se quejaba de que los órganos políticos y el CGPJ "no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la buena marcha de una investigación judicial de gran envergadura relacionada con la corrupción". Sánchez Yllera y el ex ministro de Justicia Francisco Caamaño estuvieron al mismo tiempo a las órdenes de De la Vega, uno como jefe de gabinete y otro como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y fue el Ministerio de Caamaño el que denegó el refuerzo que había pedido el juez y que ya había aprobado el Poder Judicial para acelerar el caso.

El ex socio de Urdangarín, Diego Torres, comparte abogado con Dimas Martín, imputado en Unión

El Ministerio no le dio el apoyo alegando que no estaba justificaba la “excepcional carga de trabajo” que conllevaba la instrucción. Seis años después, la instrucción sigue y, desde hace un año y medio, se dedica a ella en exclusiva la juez Silvia Muñoz, con el apoyo de una secretaria y de dos funcionarios. Esos apoyos se los denegaron a Pamparacuatro, a quien el CGPJ también dejó sin efecto una prórroga de la comisión de servicios que le había otorgado para terminar la instrucción cuando se trasladó a Tenerife.

Destruir “físicamente” las facturas

En junio del año pasado, el denunciante de Unión, Carlos Espino, registró una queja en el CGPJ pidiendo que se abriera un expediente de investigación por el asesoramiento de los dos magistrados y le contestaron que debía presentarla ante el Constitucional, de donde aún no ha recibido respuesta. Espino había podido leer en la prensa local que Sánchez Yllera, en un correo enviado a Lleó sólo unas semanas antes de que se pusiera en marcha el intento de soborno, le decía: "Cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo mejor para ti y para el futuro; deja que muerda el anzuelo”. Y vaticinaba que le iba a pasar los mismos que el Gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, que tuvo que dimitir tras verse envuelto en un escándalo.

En el informe que elaboró la UCO se incluía otro correo que no deja bien parado a Aguallo. El 19 de marzo de 2008, sólo seis días después de su nombramiento como magistrado del Supremo, Lleó envía a su secretaria este mensaje, con el asunto "facturas Aguallo y Pérez Royo": "Para resolver definitivamente de momento me dicen que no incluyamos en ningún modelo ni 347 ni 190 las facturas y las destruyamos físicamente y ya nos darán instrucciones".

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