Más de dos años para resolver un recurso de reforma dentro del caso Montecarlo. El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha tardado ese tiempo en resolver un recurso de la defensa del exalcalde de Arrecife, José Montelongo.

El juez Ricardo Fiestras decidió dar por terminada la instrucción poco después de pedir una prórroga para su tramitación y sólo unos días después de que la Fiscalía presentara sus escritos de calificación. La causa pasó a procedimiento abreviado por un auto de abril de 2016.

La defensa de Montelongo, al igual que la de otros acusados, presentó un recurso de reforma y de apelación contra ese auto. La Fiscalía contestó al mismo en el plazo de una semana pero más de dos años después, el Juzgado aún no había resuelto.

Según señala el escrito de la defensa del exalcalde, “se han superado, con creces, de forma patente y totalmente injustificada, los plazos establecidos para dar el cauce adecuado al referido recurso”. Finalmente se resolvió, desestimándolo, a finales de este mes de mayo.

Por otra parte, el Juzgado emitió en septiembre una providencia por la que ordenaba el traslado de los testimonios de los acusados a la Audiencia Provincial para que ésta pudiera resolver esos recursos.

El Juzgado de Arrecife acuerda en diciembre de 2017 el envío de un pendrive con todas las actuaciones a la Audiencia para que resuelva, pero en el escrito presentado por el abogado del exalcalde, Manuel Fajardo, se señala que ha podido comprobar “que tal envío no se ha producido, obviamente por causa no imputable a esta parte, sin que quepa justificación razonable alguna para ello, superando así con creces los plazos establecidos para dar el cauce adecuado a la referida apelación”.

Considera que hay “más de dos años de tardanza en la mera tramitación de un recurso de reforma” porque ni siquiera se han enviado esas alegaciones y que, por lo tanto, se trata de una dilación indebida. Por eso también solicita que se entregue testimonio de todo lo actuado en esas dos piezas desde el momento en que se dictó el auto de abril de 2016 de pase a procedimiento abreviado.

También señala que, para que se lleve una adecuada tramitación de la causa “y en evitación de posibles nulidades que la retrasen aún más”, recuerda por cuarta vez (ya lo hizo en escritos de noviembre de 2017, marzo y abril de 2018) que el Juzgado aún no ha resuelto desde hace seis meses cuál es la situación procesal de las acusaciones populares que se han presentado: por un lado la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que fue expulsada del caso Unión, y por otro Acción cívica contra la corrupción, para quien la defensa del exalcalde solicitaba 10.000 euros de fianza para que fuera admitida en el procedimiento. El Juzgado la fijó, con el visto bueno de la Fiscalía, en 1.000 euros.

En el caso Montecarlo por sustracción de fondos públicos, la Fiscalía pide que se juzgue a más de 20 personas. Solicita una condena de 27 años y medio de prisión para el interventor, Carlos Sáenz; 15 años y medio de cárcel para el recaudador José Vicente Montesinos; y diez años de prisión para Montelongo.