La situación del parque eólico de Montaña Mina ha entrado en un callejón sin salida. El parque, instalado a comienzos de los años 90, es de titularidad privada. La empresa que lo explota, Plantas Eólicas Canarias (Pecsa), está en concurso de acreedores y su propietario ha fallecido. El Gobierno de Canarias ha ordenado el desmantelamiento o el bloqueo de los aerogeneradores que tiene la compañía en las Islas. Y el Juzgado de lo mercantil ha suspendido la subasta de los parques eólicos.

Con ese panorama, el futuro inmediato del parque eólico privado de Montaña Mina se antoja complicado. Sus cinco aerogeneradores, de 225 kilovatios, se instalaron en el año 1992, y su tecnología está desfasada. El último año completo en el que estuvieron en funcionamiento, antes de que la empresa entrara en problemas económicos, fue 2013. En ese ejercicio su producción fue de 3.462.733 kilowatios hora. El parque eólico de Los Valles generó casi siete veces más.

El destino del parque eólico de Montaña Mina se iba a decidir en los tribunales, pero al final no ha sido así. El Juzgado de lo Mercantil número uno de Las Palmas comunicó el pasado 28 de febrero el inicio de la subasta de todos los aerogeneradores de la empresa Pecsa. En la misma resolución, tasó el parque de Montaña Mina en 150.000 euros.

El Ayuntamiento de San Bartolomé, gobernado por PSOE, CC y PIL, tenía intención de presentarse a la subasta y quedarse con el parque. El suelo sobre el que se asientan los aerogeneradores es de titularidad municipal, por el que venía percibiendo un canon. De hecho, el Consistorio es uno de los acreedores de la compañía en el Juzgado.

Antes de la subasta por decisión judicial, el Ayuntamiento había trasladado al administrador concursal que quería hacerse con el parque a coste cero. De esta forma evitaba a la empresa el gasto de desmantelarlo, que ronda los 50.000 euros. Ese planteamiento fue rechazado por el administrador concursal y el Consistorio tenía intención de concurrir a la subasta con una oferta, según explica el concejal de Obras, Alexis Tejera.

El parque se instaló en 1992, su propietario entró en concurso de acreedores y San Bartolomé trató de hacerse con unos aerogeneradores que todavía podrían dar rendimiento durante unos seis años

Sin embargo, los planes del Ayuntamiento se frustraron: nueve días después de que el Juzgado iniciase la subasta de los aerogeneradores, la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ordena el desmantelamiento de los parques en las Islas de la compañía Pecsa o su bloqueo, por razones de seguridad. Precisamente es el citado departamento del Ejecutivo regional el competente en materia de autorizaciones eólicas y, de hecho, el desmantelamiento correrá a su cargo si la empresa carece de recursos económicos para llevarlo a cabo.

La decisión del Gobierno de Canarias provoca la reacción del Juzgado, que el pasado 25 de abril cancela la subasta por la orden de desmantelamiento ordenada por el Gobierno de Canarias. En el caso del parque de Montaña Mina, la resolución de Industria y Energía determina la instalación de un bloqueo mecánico de los aerogeneradores, para evitar que se puedan llegar a desprender las aspas.

“Área de sensibilidad eólica”

Tejera remitió este martes una misiva a la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias para que tome decisiones como organismo competente. El concejal señala que “por causas ajenas” al Ayuntamiento, la corporación municipal no puede proceder a adquirir el parque de Montaña Mina. Con la situación concursa de la empresa tampoco resulta factible que se reanude el funcionamiento de los aerogeneradores. La empresa titular del parque va camino de la liquidación y no hay forma, tras la decisión del Juzgado, de que lo pueda asumir otra compañía ni el propio Ayuntamiento.

Con este escenario, el Ayuntamiento de San Bartolomé ha reclamado al Gobierno de Canarias que proceda a desmantelar los aerogeneradores de Montaña Mina y que incluya esa zona como “área de sensibilidad eólica”, para que en los próximos concursos para la asignación de nuevos parques, el suelo que es de propiedad municipal se pueda utilizar para instalar un nuevo parque.