El Juzgado de lo contencioso número tres de Las Palmas de Gran Canaria ha dado por ejecutada la sentencia de diciembre de 2006 sobre derechos fundamentales que daba la razón a los vecinos de Las Caletas frente a la central eléctrica, que mediante la asociación Acapam llevan 14 años esperando la ejecución de dicha sentencia. El Juzgado archiva la causa, aunque cabe recurso nuevamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Los vecinos se seguían oponiendo al archivo porque consideran que aún se incumplen las condiciones que impuso la sentencia inicial, que ordenó que se adoptaran “todas las medidas correctoras para paliar los graves perjuicios ocasionados”, “lo que entraña realizar todo lo razonablemente posible para amortiguar los perjuicios”. Decía el fallo que “aun partiendo de la imposibilidad de que el ruido sea eliminado no se aprecia que se hayan adoptado las medidas correctoras necesarias”

En el auto, de marzo, la juez Raquel Rivero recuerda que en esa primera ocasión, la perito manifestó que es casi imposible que no se emitan ruidos y que la sentencia, por tanto, no fue ajena a esa conclusión.

“No debe olvidarse -señala- que lo que se está es comprobando que se han adoptado medidas correctoras para paliar, que no hacer desaparecer, los perjuicios ocasionados a los miembros de la asociación ejecutante, y los peritos afirman que las mediciones realizadas, comparándolas con las de años anteriores, se han reducido”.

La juez destaca en ese auto que los vecinos no han aportado ninguna prueba técnica que contradiga el informe pericial. Durante los incidentes de ejecución, los vecinos sí han encargado varios informes periciales, aunque en esta ocasión no.

La juez señala que, por la documentación aportada al procedimiento y las declaraciones de los peritos, se llega a la conclusión de que “la Administración ha procedido a ejecutar en sus propios términos la sentencia”.

En esta causa, además de Endesa como propietaria de la central, aparecen como codemandados tanto el Cabildo de Lanzarote como el Ayuntamiento de Arrecife por ser responsables de esos perjuicios.

Este mismo Juzgado ya ha dado por ejecutada la sentencia en dos ocasiones, en 2012 y 2013, y el TSJC le ha obligado a revocar esa decisión hasta que se cumplieran los condicionantes.

La Sala consideró entonces que aunque se mejoraron los cerramientos de los motores y se repararon algunos grupos, las medidas eran insuficientes, además de que las mediciones de ruidos eran sesgadas porque no se hicieron en las casas más cercanas a la central, ni en el interior de las viviendas, ni con todos los motores en marcha, entre otros aspectos.

Además de esta causa, los vecinos lograron que se anularan tanto las autorizaciones ambientales otorgada por el Gobierno de Canarias como las licencias municipales para la instalación de nuevos motores. Esas sentencias tampoco se han ejecutado.