El Juzgado número 4 de Arrecife ha vuelto a impulsar la denuncia sobre posibles irregularidades en la gestión de Inalsa que presentó hace cuatro años Alternativa Ciudadana. La Fiscalía solicitó en diciembre una serie de diligencias que el Juzgado aceptó en su totalidad a finales de febrero.

El Juzgado ha llamado a declarar en calidad de investigados a la exconsejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra (PIL) y al exgerente, Rafael Elorrieta el próximo 15 de abril. Cuando fueron llamados a declarar en 2015 no lo hicieron alegando que no habían podido examinar la totalidad del procedimiento.

Desde el Juzgado se pide al Cabildo varios documentos, ya que la principal obra que se investiga es una que hizo el Consejo insular de aguas. La Fiscalía solicita “que se vuelva a requerir al Cabildo de Lanzarote” que remita el expediente administrativo íntegro de la remodelación de la planta desaladora Lanzarote II porque el expediente que enviaron “no guarda relación ni con el objeto ni con el plazo de ejecución de la obra”.

También se piden las facturas originales que corresponden al abono de los importes relacionados con esa obra, que costó casi 100.000 euros. El fiscal también solicita que un técnico del Cabildo emita un informe relativo a si el estado actual de la planta Lanzarote II es el mismo que el que se contemplaba en el proyecto original y, en caso de que hubiera modificaciones, se indicara cuáles son y en qué fecha se produjeron.

En el mismo sentido, pide al Colegio de arquitectos y al Colegio de ingenieros industriales si entre los años 2006 y 2008 se registraron proyectos de modificación de esa planta desaladora por parte del Cabildo, de Inalsa o de alguna persona física.

Otra de las diligencias solicitadas al Cabildo de Lanzarote es que la institución informe sobre qué personas ostentaron, entre 2007 y 2009, los cargos de presidente, consejero delegado y gerente de la empresa pública de aguas y en qué fechas fueron nombrados y cesados.

Por su parte, Plácida Guerra ha planteado que se suspenda la declaración. Su defensa alega que el “riguroso y contundente” informe que emitió sobre este caso el Tribunal de Cuentas hizo que se archivase la causa y que exonera de todos los posibles delitos a Guerra, así como las declaraciones de los administradores concursales. Reclama la suspensión de su declaración, al menos hasta que toda la documentación solicitada llegue al Juzgado y a las partes para poder ejercer su derecho a la defensa “con un mínimo de garantías”.

También pide que se identifique qué personas y a qué partidos pertenecían los miembros del Consorcio insular del agua y del consejo de administración de Inalsa en ese periodo porque son “órganos colegiados que tomaban sus decisiones por mayoría y tendrían la misma responsabilidad que el consejero delegado, el gerente o el presidente”.

Plácida Guerra y Rafael Elorrieta, en el juicio de Unión de la pieza Batllori.

La obra investigada

Según el Plan Hidrológico de Lanzarote de 2001, la obra Remodelación de la desaladora Lanzarote II, segunda fase, era una actuación de interés regional que iba a costar 1,4 millones de euros, mientras que la obra que se investiga costó tan solo 97.245 euros y el contrato se suscribió por parte de Inalsa “sin que se tramitase contrato alguno que diera cobertura a esa prestación, constando únicamente seis facturas emitidas por dos empresas”, según el Juzgado.

La obra que se reflejaba en 2001 la iba a financiar el Gobierno de Canarias y su objetivo era el de instalar los equipos necesarios tanto de captación de agua de mar, bombeo hasta los depósitos de almacenamiento, depósito o línea eléctrica para producir 10.000 metros cúbicos al día en el mismo edificio de la desaladora, que estaba fuera de servicio.

En la ficha sobre esa obra incluida dentro del Plan Hidrólogico se señalaba que “se hace necesario estudiar el aprovechamiento del edificio y resto de instalaciones existentes teniendo en cuenta que la planta abandonada disponía de membranas de fibra hueca y la nueva dispondrá de membranas de arrollamiento espiral, con tubos de presión para el alojamiento de las membranas de mayor longitud”. Posteriormente, en 2012, se colocó la planta Lanzarote V en las instalaciones donde se ubicaba la planta Lanzarote II.

Archivada y abierta dos veces

La denuncia la puso Alternativa Ciudadana en 2015. El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife abrió diligencias y la Fiscalía hizo un informe extenso sobre presuntas irregularidades pero la causa se archivó. La Audiencia obligó a reabrirla tras el informe del Tribunal de Cuentas que apreció presuntas irregularidades en cuatro inversiones del Consejo Insular de Aguas y en una de Inalsa.

Además de la planta Lanzarote II, los otros tres contratos tienen que ver con la ampliación del centro de producción de agua desalada en el Sur, con un coste final de 1,8 millones, la sustitución de la tubería entre Uga y Las Breñas, de junio de 2010, con un coste final de 1,5 millones y que ejecutó la empresa pública Gesplan, y la sustitución de una tubería de la red de Inalsa, en agosto de 2012, por 1,2 millones.

El Juzgado número 4 se quedó con la pieza sobre Lanzarote II y envió a reparto la investigación de estas tres obras porque no tenía relación con la denuncia original. Hace más de un año, el Juzgado de instrucción número 1, que asumió la causa, llamó a declarar como investigados al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, al secretario del Cabildo y del Consejo insular de aguas, Francisco Perdomo; a la interventora del Consejo, Rosalinda Bonilla; y a la técnico del Cabildo, y exconcejal de Arrecife, Nuria Cabrera, que ejercía como tesorera de ese Consejo insular. Después se suspendieron las declaraciones para que pudieran estudiar la documentación y no se ha vuelto a retomar la citación.