El juez Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, ha materializado la expulsión de la polémica asociación Jiménez de Asúa del caso Montecarlo. El juez ha decidido “no tener por personada” en la causa al colectivo, conocido por querellarse contra el juez César Romero Pamparacuatro, por tratar de apartar a la juez Silvia Muñoz del caso Unión o por pretender la disolución de Transparencia Urbanística. Todas esas iniciativas fracasaron.

En un auto notificado este lunes, que sigue la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de rechazar que Jiménez de Asúa ejerza la acusación popular en el caso Montecarlo, enumera las razones par apartar de forma definitiva del procedimiento a la citada asociación.

Así, considera que “ni siquiera” parece que entre sus fines está el de “promover acciones penales contra quienes aparezcan como responsables de los delitos, que en principio, en buena lógica, debería ser la finalidad de una acusación, sea popular o de otro tipo”.

La pieza del caso Montecarlo de la que ha sido expulsada la asociación Jiménez de Asúa es en la relativa a presuntos pagos irregulares desde el Ayuntamiento de Arrecife a las empresas Inelcon y Señalcon, en la que están acusados el exalcalde José Montelongo y el exinterventor Carlos Sáenz, así como antiguos concejales y técnicos del Consistorio capitalino.

El juez Fiestras entiende que la asociación Jiménez de Asúa no ha demostrado tener un “interés legítimo” para concurrir en el caso Montecarlo como acusación popular. Este aspecto, recuerda, es relevante en procedimientos de este tipo para evitar “personaciones por motivos espurios, fraudulentos o meramente dilatorios”.

En ese sentido, el juez abunda que la asociación carece del mencionado interés legítimo y cuestiona que se limite a “indicar que actúa en beneficio de la legalidad”, lo que la legislación atribuye a la Fiscalía, y añade que esa referencia resulta “totalmente vaga e inconcreta y más en el curso de un proceso penal”.

De hecho, en el listado de razones para expulsar e forma definitiva a Jiménez de Asúa del caso Montecarlo, el juez Fiestras concluye con que no parece que la asociación pretenda una “condena penal” para los presuntos responsables de los supuestos pagos irregulares en el Ayuntamiento, lo que resulta “consustancial a la naturaleza de la propia acusación popular”.

Además, el juez recuerda que la Audiencia Provincial, al rechazar un recurso de la citada asociación por su personación, advirtió del “riesgo” de entidades como Jiménez de Asúa, que “se limitan a un ideario genérico” en sus fines pero que, en realidad, “bien pueden esconder intereses diversos a la pura defensa de lo que se proclama en un ámbito tan sensible como lo es el procedimiento penal”.