El Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón al Ayuntamiento de Yaiza, que había decidido anular a finales del año 2016 el convenio entre el propio Consistorio y la mercantil Getsu No Denwa, fusionada después con Hotel Princesa Yaiza, del empresario Juan Francisco Rosa, para la ocupación de unos terrenos municipales, calificados como zona verde, en donde el hotel construyó el centro de ocio Kikoland.

La sentencia se produce tras el recurso de Rosa contra la anulación del convenio por el Ayuntamiento de Yaiza y señala que "el texto del convenio aprobado se dirige a asegurar en favor de la entidad mercantil el el uso privativo de zonas verdes públicas para su uso restringido durante un plazo de cincuenta años, con posibles prórrogas, para su construcción y explotación económica, con posibilidad incluso de enajenar o ceder el uso de tales zonas a terceros".

El Juzgado estima que se produjo, por tanto, "una alteración del régimen de usos no lucrativos previstos en el plan parcial para las zonas verdes públicas" y que se debió sacar a concurso la licitación, por lo que el convenio no tiene "amparo jurídico".

En diciembre de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Yaiza, con Gladys Acuña en la alcaldía, aprobó una resolución por la que se declaraba nulo de pleno derecho el acuerdo plenario de 2 abril de 2004 que dio vía libre al convenio suscrito entre la institución y la firma Getsu No Denwa por el que se cedía a esa mercantil, de forma gratuita y por cincuenta años, el derecho de uso de tres parcelas municipales situadas en el plan parcial Costa Papagayo de Playa Blanca.

Las parcelas suman 31.887 metros cuadrados. Dos de ellas ocupan el complejo deportivo y de ocio Kikoland y en otra está el minigolf del Hotel Hesperia Playa Dorada. El convenio lo firmó el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que tiene que ingresar en la cárcel en los próximos días por conceder licencias ilegales que beneficiaron a varios empresarios entre los que también se encuentra Rosa.

El Juzgado destaca que “en este caso” no prescribe la posibilidad de anular el convenio aprobado en 2004, “dada su afectación al interés general, por referirse a viales” y “zonas verdes”, además de “otros terrenos”.

El Ayuntamiento de Yaiza declaró la nulidad del convenio al considerar que concurrían dos causas de nulidad, por haberse dictado prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y por haber “adquirido derechos” una empresa “careciendo” de los “requisitos esenciales para ello”.

La sentencia refleja que la empresa de Rosa advirtió de “posibles responsabilidades económicas” del Ayuntamiento sureño, pero el Juzgado replicó que esa amenaza no sirve para “justificar su principal pretensión”, que era que se tumbase la decisión del Consistorio de anular el convenio que permitió la ocupación de las zonas verdes públicas.

El Juzgado recalca que “tanto los efectos colaterales como las consecuencias económicas” para el Ayuntamiento con las que amenaza Rosa, si existieran, deberían ser objeto “de sus correspondientes expedientes administrativos”. En ese sentido, el Juzgado subraya que no puede resolver por peticiones que no han sido siquiera solicitadas, como “responsabilidades patrimoniales”, o que no se han producido, como la devolución “de terrenos o derechos”.

"Omisión total y absoluta" de la legalidad

La sentencia respalda el criterio municipal de que se produjo una “omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido” en la cesión de las zonas verdes públicas. Así, recuerda que antes del convenio aprobado en pleno en 2004, “no consta que se siguiera tramitación alguna en vía administrativa”. “No es sólo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite” para adoptar el citado acuerdo, añade el Juzgado.

Según señala un informe jurídico municipal, la mercantil beneficiaria adquiría derechos sobre zonas verdes "en condiciones absolutamente lesivas para los intereses municipales, tanto, que utiliza a su propio beneficio las parcelas sin abonar canon alguno durante cincuenta años".

Yaiza defiende que el convenio es nulo de pleno derecho, entre otras consideraciones, al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento administrativo legalmente establecido para su aprobación, "hasta el punto que no se emitió informe alguno en el expediente cuyo contenido se reduce al propio acuerdo plenario".

Querella de Podemos

A finales del año pasado, Podemos decidió presentar una querella, que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife por la ocupación de estas zonas verdes. En la querella se apunta a la comisión de presuntos delitos de prevaricación urbanística y fraude a la administración continuados.

La querella se dirige contra el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, así como contra las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa.

Podemos destacaba que "las mercantiles urbanizadoras de Costa Papagayo no cumplieron el compromiso asumido frente a la Administración pública de hacer constar la trasmisión legal de los suelos públicos cedidos obligatoriamente al patrimonio municipal, en virtud de las determinaciones del plan parcial, y que debieron ser destinados a zonas verdes, viales y dotaciones complementarias".

El caso del Kikoland está "íntimamente relacionado" con el Hotel Princesa Yaiza, cuya licencia también está anulada, y para Podemos "resulta especialmente hiriente por la dimensión de la ocupación de suelo público y los beneficios económicos obtenidos ilegalmente por unas instalaciones que se venden en la página web del hotel Princesa Yaiza, como si se tratara de una oferta complementaria del hotel".