El Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife emitió un auto el pasado 20 de mayo por el que da diez días de plazo al presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, para que presente su escrito de defensa en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, así como a los otros dos encausados, José Juan Hernández Duchemín, ex secretario del Consejo insular de aguas, y Francisco Perdomo, secretario del Cabildo, recientemente jubilado.

San Ginés tendrá que sentarse en el banquillo finalmente por estos hechos. La acusación popular, ejercida por Podemos, pide para los tres una pena de doce años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa por "la incautación ilegal de unas plantas privadas, al margen de la ley y omitiendo todos los trámites obligados, para entregárselas después a Canal Gestión".

Podemos sostiene que el presidente del Cabildo y el gerente y el secretario del Consejo de Aguas se pusieron de acuerdo para "entregar por vía de la fuerza y el abuso de autoridad la gestión del ciclo del agua del núcleo turístico de Montaña Roja a Canal Gestión Lanzarote, para que ésta obtuviera pingües beneficios a costa de infringir de forma flagrante y grosera la legalidad vigente".

Como prueba de esos beneficios, Podemos destaca que "durante el año que Canal Gestión Lanzarote gestionó las plantas incautadas, hasta que la justicia puso fin a semejante dislate, facturó mil millones de litros de agua más". Concretamente, el agua distribuida por esta empresa pasó de 12.943.938 metros cúbicos en 2014 a 14.302.270 en 2015, según los datos publicados por el Cabildo.

Según señala ese escrito de acusación, presentado en julio del año pasado, "resulta improcedente y absolutamente desproporcionado incautar una instalación privada como medida cautelar sujeta a un expediente sancionador que, como máximo, podía imponer una multa de 7.200 euros".

En noviembre del año pasado el Juzgado decidió abrir juicio oral. La instrucción se inició en 2014 por la denuncia de Club Lanzarote, la empresa propietaria de la desaladora de Montaña Roja que fue incautada por el Cabildo. Posteriormente el Cabildo se vio obligado por los tribunales a entregar de nuevo esa infraestructura. Club Lanzarote denunció por la vía penal la incautación y en la causa estuvieron imputados, además de los ahora procesados, el gerente del Consorcio insular de aguas, Domingo Pérez y el abogado y asesor de San Ginés, Ignacio Calatayud.

A la causa se sumó Podemos como acusación popular, y de hecho es la única acusación que se mantiene porque la Fiscalía solicitó la absolución de San Ginés aunque consideró que se debía celebrar el juicio oral. Club Lanzarote se retiró como acusación particular después de que el Consorcio Insular del Agua, presidido por el propio San Ginés, y la empresa, firmaran un convenio para la producción y distribución del agua en ese plan parcial de Playa Blanca (Yaiza).

La Audiencia Provincial de Las Palmas, en un auto del juez Salvador Alba, decidió sacar de la causa al asesor Ignacio Calatayud. El magistrado decidió mantener la causa abierta alegando que "la acción popular cobra especial relevancia en los delitos de corrupción, en aquellas modalidades delictivas que, por su reiteración y por el menoscabo que generan en el tejido social, preocupan de forma especial a la ciudadanía. En esos casos, es donde el ejercicio de la acción popular puede acabar beneficiando el interés general".