El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento de Teguise presidido por Oswaldo Betancort (CC) al pago de 3.073.817 euros más intereses, como indemnización por la clasificación de suelo rústico de una importante pieza de suelo de la localidad de Tahiche.

En noviembre de 2018, la Comisión de Valoraciones de Canarias determinó el justiprecio de seis fincas en Tahíche, un acuerdo que, tal y como se destaca en la sentencia, “es firme al no ser impugnado por el Ayuntamiento de Teguise”. “Betancort es alcalde de La Villa desde el año 2011”, recuerdan los socialistas.

Un año después del acuerdo de la Comisión de Valoraciones, en noviembre de 2019, los propietarios de los terrenos presentaron un escrito en el Consistorio teguiseño solicitando que la institución efectuase el abono correspondiente. Ante la falta de respuesta del grupo de gobierno de Coalición Canaria, interpusieron un recurso contencioso administrativo en abril de 2020.

“Pese a haberse dictado el pasado 11 de febrero, el grupo de gobierno de CC ha mantenido oculta la sentencia a la ciudadanía”, en la que se tacha de “sorprendente” que el Ayuntamiento alegue que no ha abonado el importe porque “no se ha culminado el expediente administrativo en plazo”, destaca el PSOE.

El Juzgado considera que esa demora “debe perjudicar exclusivamente al Ayuntamiento de Teguise, sin que sea admisible que pretenda que se desestime una inactividad que admite explícitamente”.

“Tal pasividad”, recalca el Juzgado, “en modo alguno puede perjudicar a la parte recurrente”, insistiendo en que con el razonamiento del Consistorio gobernado por CC, “nunca sería posible apreciar inactividad de una Administración”, lo que “atentaría” contra la legislación.

No se recurrió el justiprecio

La sentencia también censura “el artificioso requerimiento de subsanación” que efectuó el Ayuntamiento de Teguise a la petición de que se materializase la expropiación, en junio del año pasado, cuando ya se había presentado y admitido a trámite la demanda judicial.

El Juzgado lo califica de un “ardid grosero” de la institución municipal “para intentar enmascarar un abuso de derecho y lograr dilatar todo lo posible el abono del justiprecio fijado de manera firme por la Comisión de Valoraciones”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo considera que el Ayuntamiento, con ese requerimiento extemporáneo, pretendía “reabrir cuestiones ya solventadas”. En ese sentido, recuerda que “existe una fijación del justiprecio de las fincas no discutido por el propio Ayuntamiento, que ahora, ante la expectativa cercana de tener que abonar”, los citados tres millones de euros, “comienza a invocar la correcta aplicación de los fondos públicos”.

“Que tal alegación resultara mínimamente verosímil hubiera precisado cuando menos que el Ayuntamiento hubiera impugnado el acuerdo de la Comisión de Valoraciones, cosa que no hizo”, le reprocha el Juzgado.

En la sentencia, el Juzgado concluye que el citado acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias constituye un “título directo del que surge la obligación del Ayuntamiento de Teguise de actuar, o sea, de abonar la cantidad”, por lo que el Consistorio “está obligado a su pago sin que quepa mayor dilación que la ya acontecida”.

El Juzgado también ha impuesto las costas del procedimiento a la Corporación municipal. “En este caso”, señala la sentencia, “visto el abuso de derecho y la mala fe de la Administración, que ha empleado el presente procedimiento como un instrumento más para demorar el momento de hace efectiva su obligación de pago del justiprecio, no cabe establecer limitación en lo referente a la cuantía” de las costas.

“Falta de transparencia”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Marcos Bergaz, ha criticado la “falta de transparencia” y señala que es su “obligación, como representante de los ciudadanos y ciudadanas de Teguise, informar de una resolución judicial que supone un nuevo golpe a las arcas públicas municipales, por un problema que se ha desarrollado bajo el gobierno de Coalición Canaria”.

“El todavía alcalde de Teguise, pese a los casi tres meses que han transcurrido desde que se dictó esta sentencia, ha incumplido con su deber de transparencia y ha ocultado esta resolución judicial, que no le deja precisamente bien parado por su forma de gestionar la institución municipal”, concluye Bergaz.