El Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Las Palmas ha dado la razón al Ayuntamiento de San Bartolomé en la rescisión del contrato con la empresa Clusa, que se encargaba de la gestión de los residuos en el municipio.

El contrato con Clusa fue anulado en enero de 2012 por el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé, poniendo fin a una relación contractual que se había iniciado en febrero de 1987 y que se extendía, con prórrogas, hasta 2026.

Las razones de la rescisión del contrato que argumentó el Ayuntamiento fue el incumplimiento por causas imputables a la empresa adjudicataria, como la falta de prestación del servicio durante 47 días, no aportar 42 contenedores al año durante el plazo de vigencia del contrato y por no efectuar el lavado y mantenimiento de contenedores.

Una vez rescindido el contrato se exigió a la empresa daños y perjuicios por los incumplimientos en el servicio, cuantificándose por los servicios técnicos municipales una indemnización de 711.491 euros.

Por lo aportar los contenedores, el Ayuntamiento reclama 189.000 euros, por no realizar el lavado y mantenimiento de los mismos otros 483.000 euros, por no recoger la basura durante seis días otros 12.000 euros y por no recoger la basura durante 41 domingos otros 21.200 euros.

“Entre otros incumplimientos también figura el abandono o cese en la prestación del servicio por impago de salarios e incumplimiento del convenio colectivo del sector de limpieza, y la circunstancia de no hallarse la empresa al corriente en sus obligaciones con la seguridad social”, explica el Ayuntamiento.

La reclamación económica tramitada por el Ayuntamiento se encuentra “en vía ejecutiva” al no atender Clusa al pago y recurrir a los tribunales. Está previsto que el 27 de septiembre se proceda a la presentación de las conclusiones del procedimiento judicial, quedando la causa vista para sentencia.

450.000 euros de ahorro al año

La alcaldesa, Dolores Corujo, manifestó este jueves su “enorme satisfacción” por la resolución judicial que avala la rescisión del contrato con Clusa, “ya que los administradores públicos han de velar porque los contratos se cumplan en los términos que se firman, habida cuenta que está en juego el dinero público”.

“La rescisión del contrato y el pase a la gestión directa del servicio de recogida de basura por medio de operarios municipales, contribuyó a un ahorro en las arcas municipales de aproximadamente 450.000 euros anuales”, asegura.