El juicio del caso Unión sobre la trama para cobrar comisiones ilegales, cuyo epicentro era el Ayuntamiento de Arrecife, ha quedado este miércoles por la tarde visto para sentencia. El principal acusado, Dimas Martín, para el que la Fiscalía pide una condena de 17 años de cárcel,

Dimas Martín ha reconocido este miércoles que dio instrucciones a concejales del PIL, del que es fundador, para que retuvieran pagos que el Ayuntamiento de Arrecife adeudaba a algunos empresarios, pero dijo que no lo hizo para lucrarse sino por su “vocación política”.

En su intervención cuando el tribunal le dio derecho a decir sus últimas palabras en el juicio, Dimas Martín añadió que habría pedido bloquear a ese empresario otros pagos por valor de algo más de un millón de euros si hubiera sabido que los tenía pendientes. "Si lo llego a saber, también pido que no se le pague eso", afirmó.

Cabe destacar que esta pieza del caso Unión tiene su origen en la denuncia que el empresario José Antonio Castellano, y su hijo, Isaac Castellano, presentaron porque les estaba exigiendo una comisión para el cobro de facturas pendientes de pago por parte del Ayuntamiento de Arrecife que superaban el millón de euros.

Cuando estalló el caso Unión, fue interceptado el pago de 95.000 euros por parte de Castellano, que previamente había denunciado ante la Guardia Civil y aportado una grabación en la que el entonces concejal Ubaldo Becerra, que ha reconocido los hechos, intermedia para reclamar la comisión ilegal a cambio de desbloquear las facturas.

En sus últimas palabras, Dimas Martín ha rechazado que fuera responsable de la corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife y ha acusado a los concejales que reconocieron los delitos y a quien era presidente del PIL y teniente de alcalde en la capital, Antonio Hernández.

Dimas Martín ha pretendido restar relevancia a decenas de conversaciones telefónicas intervenidas en las que se muestra dando órdenes tajantes acerca de cuestiones de gestión municipal, ordenando que no se pagara a empresarios, hablando de contratos públicos y dando instrucciones acerca de que empresas adjudicatarias de servicios públicos dieran trabajo a determinadas personas.

Sobre la aparición en su celda de documentación interna del Ayuntamiento, como el pliego del Plan de Barios de Arrecife, Dimas respondió que se trataba de un documento público al que quiso acceder para conocer qué mejoras podían llevarse a cabo en la ciudad. "Mi vocación es la política y me gusta enterarme de lo que atañe a mi Isla", aseguró.

La defensa de Dimas Martín, que ha pedido su libre absolución, ha argumentado que el caso se origina por la denuncia de Castellano, que grabó una extorsión pero, según su versión, previamente avisó a la Guardia Civil, por lo que en su opinión debería haber pedido autorización judicial. Su línea argumental pasa porque los 'pinchazos' telefónicos y las detenciones serían nulas, extremo que rechazan las acusaciones, tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Arrecife y Transparencia Urbanística.

Dimas Martín está acusado de asociación ilícita, cohecho, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental y las acusaciones solicitan para él una condena de 17 años de prisión. En su última declaración también dijo que ha sido una “presa indefensa” en el procedimiento. “Me pueden acusar de lo que quieran, pero no lo pueden demostrar, porque lo que no existe no se puede probar”, afirmó.

Defensas

Las defensas pidieron la absolución del exconcejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín, de la técnica de contratación e hija de Dimas Martín, Elena Martín, y de los empresarios Juan Francisco Rosa, Samuel Lemes y Manuel Reina. En el caso de Machín la pena solicitada por la Fiscalía había ascendido a 14 años y cinco meses de prisión y a abonar una multa de 300.000 euros.

Por su parte, las defensas de los administradores de Infogelanz, Martín Brito y Antonio Gómez, se mostraron conformes con las conclusiones de la acusación, al igual que los abogados del exinterventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, del exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, del ingenierio Antonio Cárdenas, y del exconcejal de Urbanismo, Ubaldo Becerra.