La querella de Podemos por el convenio de 2004, firmado por el Ayuntamiento de Yaiza, con José Francisco Reyes como alcalde, y la mercantil Getsu No Denwa, se ha admitido a trámite y el juez Ricardo Fiestras ya ha solicitado las primeras diligencias.

El convenio cedía de forma gratuita y por 50 años el derecho de uso de zonas verdes, de tres parcelas municipales que suman más de 30.000 metros cuadrados situadas en el plan parcial Costa Papagayo. Dos de esas parcelas están ocupadas por el complejo deportivo e infantil Kikoland del Hotel Princesa Yaiza y por el minigolf del hotel Hesperia Playa Dorada.

El juez aún no ha citado a declarar a los querellados, que son el exalcalde Reyes, el exsecretario Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, pero sí ha admitido el resto de las pruebas solicitadas por Podemos. Ya ha pedido al Ayuntamiento el expediente administrativo de ese convenio, al igual que el certificado de la composición de las Juntas de Gobierno de 2 de abril de 2004 y 9 de junio de 2006, ya que solicitaba que se identificara a todos los concejales que participaron para ampliar la querella.

El Juzgado también ha solicitado el informe de la Oficina Técnica sobre las licencias de primera ocupación de las instalaciones, y de las licencias de construcción y apertura. Y por último pide al Seprona que elabore un informe sobre su actuación en la ocupación de las zonas verdes de esa urbanización.

El Juzgado investiga si se cometieron delitos contra la administración pública, prevaricación urbanística y fraude a la administración por la ocupación de 30.000 metros públicos

En la querella se considera que se han podido cometer delitos contra la administración pública por la ocupación de esas zonas verdes públicas por parte de empresas privadas, además de prevaricación urbanística y fraude a la administración. En diciembre de 2016, el pleno de Yaiza presidido por Gladys Acuna declaró nulo el acuerdo por el que se aprobó ese convenio.

El Consejo Consultivo había avalado la decisión del Ayuntamiento porque el exalcalde prescindió “total y absolutamente del procedimiento administrativo legalmente establecido para su aprobación hasta el punto de que no se emitió informe alguno en el expediente”. “Cumplimos desde el principio con la obligación de defender la Institución cuando se lesionan los intereses municipales”, declaró Acuña.

Hasta el momento, los efectos de la nulidad del convenio no se han llegado a ejecutar porque dos de las mercantiles implicadas recurrieron esa nulidad en los tribunales y aún no se han celebrado las vistas. Hay, por lo tanto, dos procedimientos contenciosos en marcha y el Ayuntamiento está esperando a que se resuelvan los procedimientos para poder recuperar la posesión.