El titular del Juzgado de lo mercantil número 1 de Las Palmas, Alberto López, ha echado por tierra la estrategia del Consorcio del Agua, controlado por el Cabildo, de no entregar los certificados que avalasen la millonaria deuda a cobrar por FCC y Sociedad Española de Aguas Filtradas (SEAFSA) de la empresa pública Inalsa.

Desde el Cabildo se había manifestado tras no entregar en plazo ambos certificados a las citadas empresas, que el letrado del Consorcio del Agua había obtenido el visto bueno del juez de lo mercantil de forma verbal. El juez lo reduce a una mera “conversación” de carácter “informal”.

En un auto dictado este jueves el juez deja claro que “lo que se pactó y quedó grabado” en la junta de acreedores celebrada el 12 de julio pasado “fue la entrega de las certificaciones” a los acreedores: 9,4 millones de euros a FCC y 7,6 millones a Aguas Filtradas.

El juez señala que la “pretensión” de Inalsa de considerar ahora que no están claras las cuantías a abonar a los acreedores no se puede traducir en negarles el certificado de la deuda, a pesar de que haya procedimientos judiciales abiertos. Ese fue el argumento del presidente de la entidad, Pedro San Ginés, para no entregar las certificaciones de la deuda.

El dinero para abonar la deuda de Inalsa, 36,2 millones de euros tras un descuento de más del 21 por ciento, procede del Consorcio del Agua, que a su vez recibe el dinero del Canal de Isabel II, que se quedó con la explotación del agua en la Isla tras el proceso de privatización.

El juez considera que si los tribunales estimaran “alguno de los recursos o acciones en curso” de la empresa pública contra los acreedores,  “el Consorcio deberá reclamar a Inalsa la devolución de lo indebidamente pagado en virtud de la cesión efectuada en el concurso, o bien será Inalsa la que reclame” a FCC y Aguas Filtradas “en su caso, la devolución de lo cobrado”.

Inalsa tiene que pagar 9,4 millones a FCC y 7,6 a Aguas Filtradas

Por ello, destaca que “no es el momento, ni este tribunal competente, para determinar cuáles serán las consecuencias de futuras resoluciones judiciales cuyo contenido se desconoce”, y decreta que se le entregue a ambos acreedores el certificado de la deuda. Incluido FCC, que cobró 1,6 millones después de que Inalsa entrara en concurso de acreedores en 2009.

El juez dice que, como “nada se hizo constar” en la junta de acreedores por Inalsa, se dio “por hecho” que la discusión sobre la devolución de esos 1,6 millones se resolvería en un recurso judicial en trámite, como en el auto sostiene que hará, “o por acuerdo entre las partes”.