El Gobierno de Canarias ha reconocido que, desde el 30 de diciembre de 2019, cuando Juan Manuel Sosa, que fue en listas por Coalición Canaria, se incorporó al grupo de gobierno presidido por la socialista Dolores Corujo, “resulta procedente el pago por parte del Cabildo” del sueldo del consejero, que sin embargo había percibido de la Consejería de Sanidad su nómina como médico.

La situación, añade el Gobierno de Canarias, “conllevará la tramitación del correspondiente expediente con el Cabildo de Lanzarote, fin de que reintegre a la Administración Pública de la comunidad autónoma de Canarias las retribuciones abonadas indebidamente con cargo al presupuesto autonómico” desde el 31 de diciembre de 2019.

Coalición Canaria ha desvelado un informe interno de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias dirigido al Servicio Canario de Salud, facilitado recientemente al diputado nacionalista David de La Hoz “tras años de insistencia en esta cuestión.

El informe, añade la formación nacionalista, “revela lo que Coalición Canaria denunció en 2021, cuando descubrió que el consejero tránsfuga del Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, seguía cobrando su sueldo como médico sin ir a trabajar, tras engañar a la Consejería ocultándole la pérdida de su condición de portavoz de CC que le permitía esa situación”.

Según el citado informe, se habría producido desde abril de 2020 su “pase a la situación de servicios especiales”. “En realidad”, apostilla Coalición en un comunicado, “no se trató de un pase, sino el mantenimiento de la situación de servicios especiales de la que disfrutaba el consejero tránsfuga”.

“Es decir, como abunda el informe a continuación, Juan Manuel Sosa engañó al Gobierno canario ocultándole que había dimitido como portavoz, para seguir liberado en base a los mismos preceptos legales que le habían permitido esa situación en julio de 2019, solo por haber sido portavoz de CC”, agrega la organización nacionalista.

CC indica que el Gobierno “remata la asunción del grave error” añadiendo: "El conocimiento documental el 17 de mayo de 21 de la renuncia a la Portavocía del Grupo Nacionalista en la institución insular", -tras la denuncia de CC de que había renunciado a ella desde diciembre de 2019- "junto con el reconocimiento de la dedicación exclusiva en la mencionada corporación" -decretado ya en 2021 por Corujo intentando salvar el fraude conocido y consentido, mas de dos años después- "hacen decaer los presupuestos tomados en consideración a la hora de reconocerle de aplicación el supuesto excepcional contenido en el art.42 de la Ley 2/1987 de 30 marzo de la Función Pública Canaria", o sea, el supuesto de ser portavoz de un grupo político.

Asimismo, forzado por el Comisionado de la Transparencia “tras dos años de insistencia del consejero insular de CC Samuel Martín”, Función Pública termina por entregar parte del expediente “en el que se confirma la rectificación de errores en la resolución de liberación de Sosa y distintos informes que reiteran que procede que pague el Cabildo de Lanzarote” y que ello "conllevará la tramitación de correspondiente expediente con el Cabildo, a fin de que se reintegre a la comunidad autónoma las retribuciones abonadas indebidamente”.

“Traje a medida”

“A partir de ahí el Gobierno insiste en un galimatías de traje a la medida de los intereses de Juan Manuel Sosa y Dolores Corujo, inédito en la historia de la comunidad autónoma, aduciendo además el falso argumento de que tuvo conocimiento de la condición de consejero de Sanidad del Cabildo de Juan Manuel Sosa a raíz del decreto de la presidenta de noviembre de 2021, cuando eso fue precisamente lo único que sí comunicó al Ejecutivo autonómico el consejero cuando en diciembre de 2019 se transfugó al Gobierno insular, y ya entonces estaban en vigor todas las disposiciones legales que ahora pretenden aplicar para ese traje jurídico”, detalla Coalición Canaria.

“Un traje que en todo caso concluye que desde diciembre de 2019 hasta hoy, quien debió pagar los más de 220.000 euros ya abonados, fue siempre el Cabildo de Lanzarote y no el Gobierno de Canarias, a pesar de lo cual paradójica y sorprendentemente sigue pagando sin reclamar nada, ni al Cabildo, ni al tránsfuga”, agrega la formación nacionalista.

Para CC, los “grandes problemas con que se van a encontrar Dolores Corujo, Juan Manuel Sosa y el resto de implicados cuando la Justicia vuelva a admitir a trámite la querella presentada y los tribunales investiguen los hechos ya denunciados, a los que habrá que añadir este último informe, son que la Intervención General del Cabildo de Lanzarote ya realizó un contundente y profuso informe de reparo y oposición a la pretensión de ese traje a medida para que fuera el Cabildo quien le pague con carácter retroactivo el sueldazo de médico al consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa”.

Además, “nadie ha explicado cómo es posible que el Gobierno canario le haya seguido pagando su sueldo hasta 2023, cuando viene admitiendo desde junio de 2021 que no le correspondía hacerlo, ni tampoco por qué hasta hoy no se ha iniciado siquiera el expediente de reintegro por los pagos de más de 220.000 euros que admite como indebidos”.

En este sentido, el consejero de CC del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés señala: "No se recuerda un episodio tan indigno para un Gobierno y la institución que representa como este. El cerco se cierra, y si todo transfuguismo es moralmente reprobable, éste es un presunto delito de flagrante corrupción política por el que Juan Manuel Sosa, María Dolores Corujo y todos los implicados, tendrán que responder ante la Justicia por la querella presentada".