El Gobierno de Canarias ha aprobado mediante decreto la ejecución de una instalación fotovoltaica de un megavatio en la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, aplicando el procedimiento excepcional previsto en la normativa del sector eléctrico para proyectos de interés general, pese a la denegación previa de licencia por parte del Ayuntamiento.

El decreto del Gobierno, aprobado este pasado 30 de marzo, acuerda la ejecución del proyecto promovido por la empresa Club Lanzarote y ordena “la modificación del planeamiento urbanístico afectado” para permitir su desarrollo.

La resolución del Ejecutivo autonómico firmada por el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y por el presidente Fernando Clavijo, recoge que el proyecto es el mismo cuya licencia fue denegada por el Ayuntamiento de Yaiza en sesión de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2023.

En ese acuerdo municipal, incorporado al expediente, se indicaba que “no se justifica la compatibilidad del uso recreativo del suelo urbano no consolidado con la instalación fotovoltaica para autoconsumo en suelo a la que se quiere destinar”, por lo que se informaba desfavorablemente la solicitud.

El acuerdo municipal desfavorable añadía que “no consta en el expediente la titularidad del suelo o derecho suficiente para ejercer las actuaciones solicitadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación”.

El Ejecutivo autonómico aplica el procedimiento excepcional del artículo 6 bis para ejecutar el proyecto y ordenar la modificación del planeamiento urbanístico

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local acordó “denegar a Club Lanzarote licencia urbanística” para la instalación fotovoltaica en la parcela situada en Playa Blanca.

Ahora, el decreto autonómico señala que, ante la disconformidad con el planeamiento urbanístico, se recurre al procedimiento excepcional recogido en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario.

Según el propio decreto, este mecanismo permite al Gobierno decidir sobre la ejecución del proyecto y, en caso favorable, ordenar la adaptación del planeamiento, estableciendo que el acuerdo “legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos”.

“Situación energética excepcional”

El decreto fundamenta la aplicación de este procedimiento en “las razones de índole energética que justifican el excepcional interés”, entre ellas la “necesidad del impulso de la producción eléctrica con fuentes renovables”.

El decreto del Gobierno de Canarias reconoce que se trata del mismo proyecto cuya licencia fue denegada por el Ayuntamiento en 2023

Asimismo, señala que Canarias se encuentra en “una situación energética excepcional que requiere el impulso de las todas las medidas posibles por las Administraciones Públicas para la implantación urgente de las infraestructuras de aprovechamiento de las energías renovables”.

La resolución también alude a las declaraciones de emergencia climática y energética aprobadas por el Gobierno de Canarias, así como a los objetivos de penetración de energías renovables en los sistemas eléctricos insulares.

Planta ya instalada

Cabe destacar que la planta fotovoltaica de un megavatio estaría asociada al consumo eléctrico de la planta desaladora de Montaña Roja y a un centro de interpretación, y su emplazamiento se sitúa entre la Avenida Faro Pechiguera, la calle Canadá y la calle Lanzarote.

Se trata de una planta fotovoltaica promovida por la empresa Club Lanzarote en la urbanización Montaña Roja, montada antes de la autorización

Se da la circunstancia de que la planta fotovoltaica ya está instalada en la citada ubicación, si bien no ha sido hasta finales del mes de marzo que el Gobierno de Canarias la ha autorizado por la mencionada vía excepcional. En los registros de la comunidad autónoma aparece el inicio de la tramitación en octubre de 2022.

Entre los efectos del proyecto, el decreto recoge que la instalación aportaría 1.760,43 MWh anuales de energía y una reducción estimada de 917 toneladas de dióxido de carbono. El acuerdo del Gobierno incluye la orden de modificar el planeamiento urbanístico en la primera modificación sustancial que se tramite, en aquellas determinaciones necesarias para la ejecución del proyecto.