El Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) ha emitido un comunicado donde muestra su preocupación y “firme rechazo” ante los hechos recogidos en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condena a los Centros de Arte, Cultura y Turismo a abonar más de 100.000 euros a una extrabajadora por una promoción irregular de una plaza de auxiliar administrativo.

“Este no es un hecho menor”, indican. “No solo estamos hablando de un perjuicio económico para la empresa pública, sino de una vulneración grave de los principios de igualdad, mérito y capacidad”, añade. El sindicato reconoce que les preocupa “y mucho” que esta actuación no sea “un caso aislado”, sino “el reflejo de una forma de actuar que pone en riesgo la transparencia y legalidad en la gestión del personal”.

“Queremos recordar que ya en el Consejo de Administración del 6 de septiembre de 2018, nuestro representante sindical advirtió que las contrataciones realizadas no se ajustaban a las bases de la convocatoria”, explican.

El sindicato relata que se ofertaba una única plaza, pero se otorgaron plazas fijas a cuatro personas más, que debían haber sido incluidas en la lista de sustituciones, no convertidas en personal fijo de forma directa.

“La directora de Recursos Humanos, en su respuesta, apeló al convenio colectivo para justificar estas actuaciones. Sin embargo, el artículo 41.1 del convenio es claro: la lista de sustituciones se conforma con personas que no acceden a la plaza, pero tienen puntuación suficiente, y su función es cubrir sustituciones o vacantes provisionales durante un año, no otorgar plazas fijas sin convocatoria”, señalan.

Desde FSOC exigen que se asuman las “responsabilidades pertinentes”. “No se puede seguir tolerando una interpretación arbitraria del convenio colectivo ni decisiones que comprometan la legalidad y la equidad en los procesos de selección”, indican.

“Estamos aquí para defender los derechos de todas y todos los trabajadores, y no vamos a permitir que se pisoteen los principios que deben regir en cualquier administración pública. Basta ya de decisiones unilaterales y de usar las normas según convenga” y concluyen: “Exigimos rigor, transparencia y respeto al marco legal y convencional”.