El exdirector de la Oficina del Servicio Canario de Empleo en Arrecife, Carlos Gabriel Lozoya Barbero, fue condenado finalmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a una pena de cinco años de cárcel y doce años de inhabilitación para empleo público por un delito de malversación de caudales públicos cometido cuando trabajaba en el Consulado de España en Cantón (China).

Lozoya era canciller-cajero en ese consulado desde enero de 2010, y por tanto el encargado de llevar la contabilidad. Los hechos salieron a la luz en diciembre de 2013, después de una visita de control contable.

Cuando se iba a producir la visita, Lozoya se puso de baja médica por depresión y dejó de acudir al Consulado. Tras la inspección se descubrió que faltaban de la caja fuerte, inicialmente, 135.000 euros, pero después la cantidad final se concretó en más del doble, casi 300.000. En abril de 2016 ya había sido condenado por el Tribunal de Cuentas a reintegrar esa cantidad.

Según señala la sentencia de la Audiencia Nacional, Lozoya manipulaba los extractos originales de los ingresos que debía hacer en el banco, adaptándolos a cantidades superiores a las que certificaba la entidad bancaria en sus extractos porque ingresaba una cantidad menor de la que había declarado en la contabilidad.

Este procedimiento se llegó a repetir hasta en once ocasiones. Hacía fotocopias manipuladas de los extractos para que coincidieran con los asientos contables que se enviaban al Ministerio de Asuntos Exteriores. En la inspección no se hallaron los extractos bancarios auténticos.

El acusado no reconoció los hechos y llegó a declarar que observó el descuadre pero que no hizo nada porque estaba a punto de irse de ese destino. La sentencia, sin embargo, considera que es un argumento “absurdo” porque él era la única persona que estaba obligada a manejar las cuentas.

Después de esos hechos, Lozoya fue destinado en julio de 2015 al puesto de director de la Oficina del Servicio Canario de Empleo de Arrecife, ya que es funcionario de la comunidad autónoma de Canarias desde el año 2000. En 2006 logró una plaza en la cancillería de la Embajada de España en Kabul (Afganistán), en el Ministerio de Asuntos Exteriores y después se trasladó a China.

En Arrecife permaneció menos de dos años hasta que se incorporó al puesto de Jefe de negociado de la Gerencia territorial de Justicia de Extremadura, en Cáceres, dependiente del Ministerio de Justicia. En su estancia en la Oficina insular de Empleo hubo quejas de algunos trabajadores porque durante un periodo de tiempo se quedaba a dormir en la oficina.

El exdirector estuvo de baja médica ininterrumpida durante nueve meses y después pasó a protagonizar ese episodio pero, tras las quejas de algunos trabajadores, se intervino desde el Gobierno regional para evitar esta situación.

Lozoya ya había sido condenado por los mismos hechos por el Tribunal de Cuentas a reintegrar los 300.000 euros. En abril de 2016, cuando ya trabajaba en la Oficina del SCE en Arrecife, se le comunicó esa sentencia mediante un edicto, porque se encontraba “en situación procesal de rebeldía”. En esa sentencia se hacía referencia a los sucesivos e infructuosos intentos, tanto por correo como de forma presencial en sus domicilios de Illescas (Toledo) o en Santa Cruz de Tenerife, de notificarle el fallo.