El Consorcio de Seguridad y Emergencias pretende amortizar la única plaza de técnico de emergencias con la que cuenta. Y lo quiere hacer para evitar tener que cumplir una sentencia que le obliga a readmitir a quien ocupa esa plaza desde hace ocho años, la única persona que, de hecho, hasta el momento la ha ocupado tras el concurso público que se convocó después de la creación del Consorcio.

El Cabildo despidió, por motivos disciplinarios, a Guillermo Lasso, ingeniero industrial, técnico en emergencias y en riesgos laborales. El trabajador, que es personal laboral fijo, perdió en primera instancia pero el verano pasado ganó en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tenía que haber sido readmitido, pero el Consorcio y el Cabildo están haciendo todo lo posible para que no vuelva a su puesto de trabajo.

El caso es que hace dos años que su trabajo no lo hace nadie y la suya es una plaza necesaria para los fines del Consorcio, que ahora no tiene técnico y es el encargado no sólo de elaborar los planes de autoprotección para cualquiera de los cientos de eventos que se celebran cada año, sino que también tiene que fiscalizar esos planes aunque no los elabore y hacer memorias o planes de seguridad. Lasso, además, es el único apoyo técnico con el que cuenta (contaba) el Cuerpo de bomberos, y desde hace dos años nadie supervisa esos planes.

Desde el año 2011, este técnico  estuvo solicitando mayor profesionalización en el Consorcio, la mejora de la gestión y una mayor transparencia. Solicitó que se incorporara la Hoja de servicio público, que recoge las dotaciones específicas que debe haber para cada ocasión porque la Administración está obligada a cuantificar lo que cuesta cada servicio. Actualmente no hay un área de planificación ni de coordinación. Las demandas del técnico señalaban que se estaba actuando de forma improvisada.

En el sector de las emergencias en la Isla no sólo actúa el Consorcio. También actúan Cruz Roja, Protección Civil o Boluntis y otras organizaciones no gubernamentales que, en la práctica, funcionan como empresas, como Emerlan o REN. La desaparición de la plaza de técnico en Emergencias en el Consorcio y el hecho de no incorporar las medidas que solicitaba durante estos años dificultan la transparencia en el funcionamiento de dicho Consorcio. Se dificulta el control y la fiscalización de todos los servicios ya que sería necesario un informe del técnico para todos esos servicios.

En una carta dirigida al presidente del Cabildo, Lasso señala que “se pretende una privatización encubierta: externalizar el servicio público en la realización de planes de autoprotección”. De hecho, en 2014, al técnico le consultaron las posibilidades de externalizar algunos servicios, pero finalmente no se llevó a pleno. Cada año se hacen más de cien planes de autoprotección que pueden tener un coste entre los 1.000 y los 3.000 euros.

El despido

Los problemas del técnico comienzan en el año 2014. Una empresa iba a realizar una instalación de telecomunicaciones en la sede del Consorcio. El técnico solicita el plano de la instalación, que no existe, y ordena parar, pero el gerente Enrique Espinosa, que ejerce desde el año 2011, permite que continúe la obra y el técnico realiza un informe sobre los hechos.

Después, en septiembre de 2015, ocurre un nuevo desencuentro. El propio técnico había diseñado un vehículo nodriza urbano, de emergencias, que se estaba construyendo en la Península, y le preguntan si puede hacer una visita en unos días determinados. El técnico contesta que ante el volumen de trabajo, por pruebas deportivas y la Feria de artesanía, no puede ir, pero finalmente es obligado a ir. El técnico realiza una denuncia contra el gerente por unos hechos que ocurrieron esa semana y solicita su destitución. Los bomberos ya habían pedido en el año 2013 la destitución del gerente porque no tenía la titulación pertinente.

El caso es que la denuncia contra el gerente se archiva en un solo día, se concluye que no hay irregularidades pero no se invita al técnico a que exponga sus motivos, que reitera en cuatro ocasiones que se abra expediente, sin éxito. Lo que sí hace el Consorcio es abrir de forma inmediata un expediente sancionador al técnico. Se hace una propuesta en la que no se le permiten alegaciones y se propone la máxima sanción, es decir, el despido, por incumplir sus obligaciones y por desconsideración verbal hacia el gerente.

La sentencia

La sentencia del TSJC desmiente los motivos del despido. Señala que las denuncias del técnico están amparadas por la libertad de expresión. El Consorcio había aportado unas supuestas quejas de los ayuntamientos, por falta de colaboración, que no existían antes del despido. El Comité ejecutivo del Consorcio que decide el despido del técnico, en enero de 2016, está formado sólo por miembros de CC.

En julio de 2017 la sentencia de readmisión es firme, pero el Consorcio pretende eliminar la plaza alegando que no hay presupuesto, cuando en el borrador de presupuestos de 2018 se consigna la misma cantidad para personal que en años anteriores, contando con la plaza de técnico, y cuando las funciones son necesarias porque es el único técnico de emergencias.

La sentencia también señala que en el expediente que se le abrió las imputaciones son “genéricas, vagas, imprecisas y carentes de sustento”. El Juzgado ya ha advertido al Consorcio con  multas coercitivas, que pueden ser de hasta seis meses del salario, por cada día de retraso en cumplir el fallo, y también con multas personales a las autoridades que no cumplan la sentencia.