La pieza principal del caso Stratvs se juzgará finalmente entre los meses de enero y marzo de 2020 tanto en Arrecife como en Las Palmas de Gran Canaria. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas tenía previsto celebrar el juicio en septiembre de este año pero lo ha aplazado y ha fijado 19 sesiones para la vista oral.

La vista comenzará el 21 de enero de 2020 en Arrecife, donde se celebrarán otras once sesiones más los días 22, 23, 28, 29, y 30 de enero y los días 11, 12, 13 de febrero y 3, 4 y 5 de marzo. Continuará en Las Palmas los días 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 27 de marzo.

En el banquillo se sentarán como acusados once personas físicas y una jurídica, la sociedad BTL, propietaria de la bodega. El principal acusado es el promotor de Stratvs, Juan Francisco Rosa, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial, otro de usurpación de bienes, un delito contra la ordenación del territorio con afectación grave a un espacio natural protegido, un delito contra el patrimonio histórico y un delito contra el medio ambiente por excavación ilegal en un espacio protegido.

La acusación popular de Transparencia Urbanística (TU) pide para este empresario 21 años de cárcel porque le considera también responsable de tres delitos de tráfico de influencias tanto en la concesión de las licencias y permisos ilegales como en la presunta modificación catastral de las parcelas de la bodega y en que el Ayuntamiento de Yaiza le cobrase menos de lo que debiera en impuestos municipales. Además, al igual que la Fiscalía, solicita el derribo de las instalaciones de la bodega.

Además de Rosa, hay seis técnicos acusados, tres de ellos del Gobierno de Canarias, dos del Ayuntamiento de Yaiza y uno del Consejo insular de aguas. Este último es el gerente, José Juan Hernández Duchemín, para quien se piden 15 años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público y una multa de más de 32.000 euros, por dos delitos: uno contra el medioambiente y otro similar por vertidos contaminantes.

Los funcionarios del Gobierno son Faustino García Márquez, ex Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística ya jubilado, a quien le piden una inhabilitación como funcionario público de 12 años por prevaricación; Armando Villavicencio, que era Técnico Jurídico de Planeamiento de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, a quien le piden la misma pena, y Juan César Muñoz Sosa, ex Director general de urbanismo de Canarias, para quien la Fiscalía pide el archivo pero está acusado por TU el fiscal pide el archivo de la causa.

Al aparejador municipal Pablo Carrasco le piden cinco años de prisión por dos delitos de prevaricación urbanística y una inhabilitación de 12 años para empleo público, mientras que a Blas Noda, el funcionario encargado del catastro en Yaiza, le piden dos años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito de falsedad en documento público.

En la parte política están acusados el ex alcalde José Francisco Reyes y el ex teniente de alcalde, José Antonio Rodríguez. A Reyes, que está actualmente en prisión, le piden siete años de cárcel por prevaricación y prevaricación urbanística y a Rodríguez cuatro años y seis meses de cárcel por dos delitos de prevaricación urbanística y un delito contra el medioambiente.

Finalmente, la Fiscalía pide diez años de cárcel y una multa que supera los 72.000 euros para el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, por varios delitos, entre ellos, falsedad en documento oficial, usurpación de un bien inmueble y delitos contra el medioambiente, la ordenación del territorio y el Patrimonio, además de un delito continuado de falsedad en documento público.

La segunda pieza

Esta es la segunda pieza del caso Stratvs. La primera se juzgó en junio de 2017 por los permisos de la bodega. La Audiencia condenó a ocho de los diez acusados. Uno de los dos absueltos fue el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa. Por otra parte, en este juicio no habrá acusación particular ya que la que había, representada por la familia Negrín, se retiró de la causa tras llegar a un acuerdo económico para la compra de los terrenos donde se asienta la bodega, que habían sido usurpados.

La Fiscalía destacaba en su escrito de acusación, hace cuatro años, que las autorizaciones fueron“otorgadas contraviniendo la normativa en vigor”, permitieron la restauración de una vivienda antigua de valor etnográfico y la construcción de un almacén bodega subterráneo de 900 metros de superficie, “pero lo que se llevó a cabo fue derribar la vivienda, y construir un macro complejo de unos 12.000 metros construidos en una superficie de más de 9.000 metros de espacio protegido, que incluyen una bodega industrial, un restaurante, cocinas, una tienda cafetería, varias terrazas, amurallamientos y otras instalaciones”.

Además, “se alteró de forma irreversible uno de los elementos más claramente diferenciados de este espacio protegido”, como era el Barranco del Obispo, y se excavaron al menos 44.000 metros cúbicos, con la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, “recurso éste último no renovable y que forma parte de los elementos a proteger en La Geria”. La Fiscalía concluía que “además de la ilegalidad de las autorizaciones y del carácter ilegalizable de las construcciones, la actividad del complejo Stratvs ha provocado un grave riesgo para el equilibrio del espacio”.