La vista oral por el caso del asadero de pardelas en el islote de Alegranza se ha fijado para los días 8 y 9 de mayo en el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife. Serán 19 los acusados que se sienten en el banquillo, aunque la Fiscalía de Las Palmas solo acusa a once de ellos de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de protección de la fauna.

Para estos acusados pide una multa de casi 6.000 euros y tres años de inhabilitación especial para la profesión u oficio relacionado con la actividad de caza así como para el ejercicio del derecho a cazar.

Los once acusados por la Fiscalía son Fernando González Berriel, Juan Carlos González Berriel, Andrés Curbelo González, Juan Hernández Martín, Antonio Quintana López, Victoriano Santana Cabrera, Juan Cuevas Alonso, Jaime Isaac Rodríguez Rodríguez, Orlando José Rivera Cabrera, Adal González Cabrera e Ibrahim Josué Cabrera Delgado.

Las acusaciones populares, que ejercen la Asociación de amigos de la pardela cenicienta, Transparencia Urbanística y Jacón solicitan también la pena de inhabilitación, aumentan la multa hasta los 8.700 euros y amplían la acusación a otras ocho personas: Agustiniano Hernández de León, Sotero Martín Villalba, Juan Miguel Medina Rodríguez, Cristóbal Miguel Morales Ventura, Juan José Rivera Barrios, Isidro Manuel Brito Hernández, Gabriel Eugenio Hernández y Juan Carlos Eugenio Hernández, para quienes la Fiscalía solicitó el archivo de la causa.

Los hechos se remontan a septiembre de 2015 y nacen de una denuncia del Seprona de la Guardia Civil realizada tras acudir al Islote en los días en que estas personas, supuestamente, estaban llevando a cabo ese asadero de pardelas cenicientas, que es una especie protegida.

El escrito de acusación de Fiscalía dice que los acusados “organizaron un convite en el islote de Alegranza”, que es un espacio natural protegido enclavado dentro del Parque Nacional del Archipiélago Chinijo, “cuyo objeto era la degustación de diversos ejemplares de la pardela cenicienta que previamente habían capturado, a sabiendas de que la misma se encuentra protegida”, catalogada como especie silvestre en régimen de protección especial y dentro de los límites de la zona especial de protección de aves.

Esta especie está incluida dentro del anexo de una orden europea relativa a la conservación de aves silvestres. Los acusados habrían contravenido, de esta forma, las condiciones establecidas en la autorización otorgada por el Cabildo para el fondeo y “para pasar el día en la playa".

“La inspección ocular practicada en los cien metros alrededor del asentamiento de los acusados demuestra el expolio realizado en las huras o nidos de pardelas, así como el hallazgo de un bichero y un saco con diez ejemplares de pardelas en estado de descomposición”, dice el escrito de acusación.

Además de los acusados, durante la vista oral tendrán que declarar seis testigos. Tres de ellos son agentes de la Guardia Civil, más un vigilante de espacios naturales del Cabildo de Lanzarote, un agente de Medio Ambiente, también del Cabildo, y un veterinario.

Las declaraciones se completan con el testimonio de dos peritos, uno de ellos director del Servicio de genética forense de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.