La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado la petición de la defensa del matrimonio Kokorev para que el caso que enjuicia el presunto blanqueo de más de 100 millones de euros procedente del tráfico ilegal de armas de Guinea Ecuatorial se trasladara a la Audiencia Nacional y, por tanto, se juzgará en Canarias.

Cabe destacar que en la instrucción del caso se investigó por el Juzgado la utilización de fondos bajo sospecha para la compra de apartamentos en el complejo Sands Beach Resort, ubicado en Costa Teguise.

La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas ha notificado a las partes que no puede prosperar la teoría de la defensa de que existe una causa de conexidad del proceso que se dilucida en Canarias con otras diligencias que se siguen en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional contra los mismos investigados por presunto tráfico ilícito de armas.

En el auto judicial cuya ponente es la magistrada Oscarina Naranjo, el tribunal entiende que no se puede considerar que afecte a la causa la tramitación separada de ambos procesos. El auto también resalta que esta petición de la defensa habría podido tener sentido al inicio de la investigación, pero no una vez transcurridos ya seis años desde que se iniciaron las actuaciones en la Audiencia Nacional, y 16 años desde que se iniciara el procedimiento en Canarias, en 2008.

Las pretensiones de la defensa de los Kokorev, asegura el auto, "tan sólo provocarían una añadida dilación" al procedimiento. La resolución de la Sección Sexta de la Audiencia no es susceptible de recurso alguno, salvo el que proceda contra la sentencia que se dicte en su día.

El denominado caso Kokorev sienta el banquillo al matrimonio ruso, nacionalizado español, formado por Vladimir Kokorev, su mujer Julia Maleeva, el hijo de ambos Igor Kokorev, y otros tres acusados, entre los cuales figura el abogado Juan Arencibia, al que las acusaciones consideran el artífice de las 45 sociedades que supuestamente creó la familia para blanquear dinero.

Las dos acusaciones reclaman condenas de entre cinco y ocho años de cárcel para los acusados por delitos de blanqueo de capitales y multas de hasta 240 millones de euros, en el caso de Vladimir Kokorev, a quien atribuyen que generó una riqueza ilícita de, al menos, 120 millones de euros entre los años 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar de defensa y doble uso que vendió a Guinea Ecuatorial, a través diferentes empresas.

Blanqueo en Lanzarote

La extensa red de desvío de fondos del Gobierno de Guinea Ecuatorial también blanqueó dinero en Lanzarote. Así lo consideró la jueza instructora del caso, Ana Isabel de Vega, en el auto que declaró la apertura de juicio oral.

En aquella resolución se apreciaron indicios sólidos de que la familia Kokorev canalizó más de 100 millones de euros supuestamente sustraídos de las arcas guineanas y se detallaron dos movimientos para el presunto blanqueo de capitales que tienen como epicentro el citado complejo turístico de Costa Teguise.

La jueza destacó que el matrimonio formado por Vladimir Kokorev y Julia Maleeva desarrolló entre los años 1991 y 2011 “operaciones ilegales” o “clandestinas” de venta de armas al Gobierno de Guinea Ecuatorial que produjo “un trasvase de dinero de más de 450 millones de euros”.

El modus operandi consistía en vender por encima de su precio armamento militar al Gobierno de Guinea Ecuatorial y “ocultar los pagos que realizaban a las autoridades militares y funcionarios guineanos, quienes participaban en esos sobrecostes”, aumentando de forma ficticia la facturación en los contratos.

La jueza apunta que tanto funcionarios como altos cargos militares presuntamente cobraban comisiones por “desviar fondos del Estado guineano”, entre los que cita a tres familiares y a un asesor del presidente Teodoro Obiang.

La familia Kokorev, para tratar de ocultar las ganancias de la venta ilegal de armamento y de “inflar el precio realmente pagado” a los fabricantes en Ucrania, utilizó al abogado Juan José Arencibia, que a partir de 2004 “ideó” un “entramado societario” de empresas instrumentales, con compañías “sin actividad real ni empleados” para esconder “la procedencia de esas millonarias ganancias” obtenidas de forma ilícita.

Compra de apartamentos en Sands Beach

La jueza puso en su auto un ejemplo concreto relacionado con el presunto blanqueo en Lanzarote: para “dar legalidad” a la entrada de 4,6 millones de euros, “se aparentó la compra de dos yates” a la empresa SJ Marine, cuando lo que ese dinero “enmascara” es la ganancia obtenida por el contrato militar para construir dos corbetas militares Halcón KA-5000 por un importe total de 23,8 millones de dólares.

Esos fondos, explicó la jueza, “finalmente se traspasaron” a la empresa Phase Invest que, en enero de 2006 y representada por Julia Maleeva, “adquirió de la entidad Sands Beach Resort 10 apartamentos”.

“Asimismo”, añade la jueza instructora, “para dar legalidad a esos traspasos de fondos entre las empresas que conformaban el entramado empresarial, se utilizaron ficticios contratos de préstamo entre empresas”.

Préstamo sospechoso

Otra operación que detalló la jueza en el citado auto es un contrato de préstamo por parte de Sands Beach Resort a la citada Phase Invest, por importe de 2,2 millones de euros. Ese dinero, “previamente”, había sido recibido de la empresa SJ Marine Company, en una cuenta de Nordea Bank de Dinamarca, “donde se trasladaban los fondos recibidos del Estado guineano, por la compra del material militar”, que a su vez fue “enmascarado a través de un ficticio acuerdo de consultoría y asistencia técnica” entre la sociedad SJ Marine Company con las empresas Trout Investment y la venta de acciones de Prelang Holding.

La jueza resaltó que el entramado de empresas utilizado estaba compuesto, en muchos casos, por sociedades constituidas en territorios con fiscalidad relajada, como Delaware, en Estados Unidos, o las Islas Vírgenes británicas. En el entramado la jueza también incorporó a las mencionadas empresas Phase Invest SL y Sands Beach Resort SL, y a una más (Kuralee Holdings), que guardaba relación estrecha con la última de ellas.

De hecho, Kuralee Holdings figuraba en bases de datos mercantiles como socio único de Sands Beach Resort cuando comienza sus operaciones en el año 2004. En ese mismo año es nombrado apoderado de la empresa el investigado Juan Arencibia Rodríguez, que se mantuvo en el puesto hasta 2008.

Cambio de propiedad

Precisamente en 2008 se produjo un cambio en la administración y en la propiedad, asumida por el conocido empresario turístico Juan Carlos Albuixech y un socio, quienes tuvieron que asumir una deuda con la Agencia Tributaria generada por los anteriores responsables de la compañía.

La sociedad que la jueza del caso Kokorev vinculó a presuntas operaciones para ocultar fondos ilícitos extraídos del Gobierno de Guinea Ecuatorial, antes del cambio de propiedad, entró en concurso voluntario de acreedores desde junio de 2017.

Desde agosto de ese año, Sands Beach Resort inició el trámite para asumir todo el patrimonio de otra sociedad, SBV Management, que había tenido como administrador una empresa vinculada al abogado Juan Arencibia.

El juez Guillermo Fernández, del Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas, dictó en julio de 2020 “la apertura de la fase de liquidación” de la empresa Sands Beach Resort, su “disolución” y “el cese de los administradores o liquidadores”,  a sustituir “por los administradores concursales”.