El capitán del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Las Palmas, Germán García, admitió que la intervención de este cuerpo en septiembre de 2015 en Alegranza, en la que se denunció a 19 personas por un asadero ilegal de pardelas, iba a tener “más perjuicios que beneficios para el destacamento”.

Así lo dijo en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife en el procedimiento en el que la sargento del Seprona, Gloria Moreno, está acusada de un delito de falsedad en documento oficial por el que la fiscal Ramona Muñoz le pide una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres años.

García declaró que le comunicó esta opinión a Moreno al día siguiente del operativo. El capitán se quejaba de que la sargento no le hubiera informado y no se hubiera hecho acompañar de un cabo, tal y como le había indicado él mismo días antes, ya que le había puesto la condición de que el servcio lo hiciera el Seprona.

El operativo se había diseñado unos días antes, cuando la sargento tuvo conocimiento de que varios barcos iban a fondear con la intención de cazar pardelas, pero unos días más tarde le informaron de que el Cabildo no había otorgado esos permisos de fondeo y se llegó a la conclusión de que había que suspender el operativo y así se lo comunicaron al coronel.

Sin embargo, al final el operativo sí se llevó a cabo. La sargento le dijo al capitán que el cabo estaba de día libre “y no quería perjudicarlo” y que fue invitada a realizar la intervención por parte del teniente del Servicio del Mar de la Guardia Civil, en compañía de dos agentes de Fuerteventura. Ante esas explicaciones, García le dijo que “lo sucedido era inaceptable”.

El procedimiento en el que está investigada Gloria Moreno nace precisamente de las sospechas de la propia sargento de que esas personas que cazaban pardelas (que es una especie protegida) habían sido avisadas en alguna ocasión de un operativo de la Guardia Civil.

Poco después de esa intervención, Moreno puso en conocimiento, primero del capitán de forma verbal y después por escrito ante el jefe del cuartel de Costa Teguise, que un trabajador de la Estación Biológica de Doñana que pasa temporadas en Alegranza le había comentado que Juan Carlos González Berriel, que había sido uno de los identificados en el asadero de 2015, le había comentado que en 2013 un agente del Seprona llamado Miguel le había avisado de que iba a hacer un operativo en Alegranza.

Moreno trasladó la información, que investigó la Policía Judicial, y se abrió un procedimiento penal contra el agente, Miguel Ángel Padial, que acabó archivando el Juzgado número 3 de Arrecife. Al archivarse ese procedimiento, fue Padial quien denunció a la sargento por denuncia falsa.

El capitán García reconocía en ese procedimiento que el factor sorpresa era favorable para la Guardia Civil dadas las características del islote de Alegranza, ya que, con una mínima “contravigilancia” se puede abortar cualquier intento de sorprender a los infractores.

El capitán reconocía también que la sargento le había advertido en varias ocasiones de sus sospechas pero que él consideraba que se trataba de rumores y datos subjetivos y que la sargento tenía una sospecha general sobre todos los componentes del destacamento. García dijo que hasta 2015 no se constató que se estaba produciendo la caza ilegal de pardelas en Alegranza y que ente 2008 y 2015 no había habido denuncias administrativas ni diligencias policiales de esta caza ilegal.

No obstante, a lo largo de ese periodo, y antes, se conocía esa actividad. A Higinio Hernández lo ‘pillaron’ dos veces, en 1992 y en 1995, y en la segunda era consejero del Cabildo de Lanzarote. En 2007 Adena denunció la presencia de ocho embarcaciones fondeadas sin autorización en el islote durante todo el fin de semana y pidió “mayor control y vigilancia de este espacio protegido para evitar la sensación de impunidad”.

En 2010, Seo Birdlife denunció la caza furtiva de pollos de pardela cenicienta en el islote y en 2013 insistió asegurando que “entre los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con el engorde de los pollos nacidos el pasado verano, se intensifica esta caza furtiva”.

El testigo

En el procedimiento contra Moreno, el trabajador de Doñana declaró que no había hablado con González Berriel directamente y que lo que le contó a la sargento se lo habían comentado otras personas y que “lo escucharía en un grupo de gente en el muelle”. Tanto González Berriel como Padial negaron los hechos aunque reconocieron que son amigos desde hace veinte años.

Por otra parte, la denuncia que nació del operativo de septiembre de 2015 derivó en un procedimiento penal en el que la Fiscalía pide sentar en el banquillo a once personas, entre las que se encuentra González Berriel, por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de protección de la fauna.