URBANISMO

El Cabildo delega en el Gobierno las evaluaciones de impacto ambiental para proyectos urbanísticos

Corujo dice que existen proyectos ya iniciados y peticiones de particulares que no se han podido tramitar dos años después de que se aprobara la Ley del Suelo

Saúl García 0 COMENTARIOS 07/10/2019 - 10:43

El pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó este lunes por la mañana una encomienda de gestión al Gobierno de Canarias para las competencias sobre las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos que sean competencia de la Administración insular.

Será la Cotmac del Gobierno la que elabore esas evaluaciones y que podrá aprobar las correspondientes a los planes del Archipiélago Chinijo o de La Geria, entre otros.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, explicó que es una medida de carácter temporal que se lleva a cabo ante la escasez de técnicos y ante las dificultades para hacer un proceso de selección que requiere “la serenidad que no hemos tenido antes y tampoco la tenemos ahora”. La  propuesta salió adelante con el voto de todos los partidos excepto de CC, que se abstuvo.

Corujo dijo que existen proyectos ya iniciados y peticiones de particulares que no se han podido tramitar dos años después de que se aprobara la Ley del Suelo.

Además, la presidenta aseguró que tendía la mano y pedía responsabilidad y diálogo para aprobar el órgano insular con profesionales de consenso y “de quienes no se cuestione su profesionalidad”. Señaló que “esta propuesta se debió hacer en otra época” porque hay un bloqueo estructural de más de diez años.

El vicepresidente del Cabildo, Jacobo Medina, señaló que hay que reforzar la plantilla de técnicos para asuntos clave y que se está trabajando en eso.

Myriam Barrios, de Lanzarote en Pie-Sí Podemos, dijo que hacen falta soluciones urgentes para las evaluaciones ambientales y pidió que se intente creara a nivel insular.

Por su parte, Pedro San Ginés, de CC, dijo que durante su gobierno fue sometido a un bloqueo y expuso sus dudas sobre que el Cabildo se reserve las competencias  para dictar la resolución final y si se refiere solo a los proyectos, pero no a los planes ni programas.

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