El pleno del Cabildo de Lanzarote, en convocatoria extraordinaria y urgente, ha aprobado este lunes iniciar los trámites para amortizar parte de los 7,2 millones euros de deuda de la institución insular.

La premura de la convocatoria se debe a la voluntad del grupo de gobierno (PSOE y PPP) de “no dejar pasar los plazos indicados por la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, lo que implicaría una sanción y la correspondiente merma de ingresos para el Cabildo”.

Esta liquidación del ejercicio presupuestario de 2018 se debió haber realizado en marzo de 2019, por parte del gobierno anterior, afirmó el equipo de gobierno en un comunicado. El incumplimiento de esta fecha por su parte ha dado lugar a la presentación tardía de este documento.

En la actualidad, debido a incumplimientos de la norma, consistentes en la no remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los convenios de 2017, “también por parte del anterior grupo de gobierno del Cabildo”, se ha generado una penalización del dos por ciento del Bloque Canario de Financiación de 136.000 euros mensuales, como destacó la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo.

Esta sanción, en vigor desde el mes de abril del presente año, ha supuesto para la institución insular disminución en sus ingresos de 1.224.000 euros durante este año.

Con la medida aprobada este lunes (con los votos del grupo de gobierno y las abstenciones de Lanzarote en Pie-Sí Podemos y Coalición Canaria) se cumple la obligación legal de destinar parte del superávit a reducir el endeudamiento neto.

Dado que las cuentas de la institución de 2019 cierran con un superávit presupuestario de 19.977.502 euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 79.788.044 euros, correspondería, por tanto, destinar parte de este dinero a reducir la deuda, como se ha dispuesto este lunes.

"De lo que se trata es de llegar a final de año con deuda cero", explicó la presidenta, "además de evitar ese gasto innecesario de 136.000 euros mensuales", debidos, a juicio de Corujo, a una falta de comunicación y de coordinación del gobierno anterior con la Audiencia de Cuentas.