El grupo Lanzarote En Pie informa de que el Ayuntamiento de Arrecife, presidido por Ástrid Pérez (PP), ha sido condenado judicialmente al pago de 179.530 euros, más intereses, por la prestación de servicios en las fiestas de San Ginés de 2019 pese a que no existía ningún contrato en vigor.

Lanzarote En Pie ha achacado a “la nefasta gestión que se realiza desde el grupo de gobierno municipal (PP-PSOE)” esta nueva condena, por otro servicio más que se prestaba sin contrato en vigor. En esta ocasión, la sentencia se refiere a nueve facturas por los servicios prestados por la empresa Tecnosound las fiestas patronales de hace dos años.

La empresa en cuestión, afectada por los impagos del grupo de gobierno, se vio obligada a presentar ese mismo año una demanda, que fue admitida a trámite por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas, órgano que ahora condena al Ayuntamiento al abono de 176.297,32 euros, cantidad a la que el Consistorio reconoce que habrá que añadir los intereses de demora, todavía por cuantificarse.

La portavoz de Lanzarote En Pie-SP en el Ayuntamiento de Arrecife, Leticia Padilla, ha criticado duramente la gestión municipal, pues su propio grupo advirtió del error que se cometía. “Esta condena nos da la razón y confirma lo que denunciamos en su momento, pues Ástrid Pérez sabía que no había contrato en vigor y aún así siguió adelante”, señaló la edil.

Según Padilla, varios técnicos plantearon en su día, a través de en un documento interno, que el Ayuntamiento tuviera a bien la cancelación de las fiestas de San Ginés de 2019, al tenerse conocimiento de que no había contrato en vigor con alguna empresa que garantizara sin aparentes contratiempos el sonido y la luz en los espectáculos, “desoyendo el grupo de gobierno tales recomendaciones”.

Para Lanzarote En Pie, la nueva condena al Ayuntamiento es una muestra más de la “desidia con la que actúa en el pacto PP-PSOE, que se olvida de realizar los procedimientos administrativos correspondientes, generando en primer orden un grave perjuicio en las arcas municipales y en segundo grado a los empresarios locales, que ven afectados sus negocios por los impagos en tiempo y forma”.