El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, celebró una reunión extraordinaria de la Junta de Seguridad que contó con la presencia de la Jefatura de la Policía Local y de la Comandancia de la Guardia Civil, así como el director insular de la Administración General del Estado y responsables y técnicos municipales de Bienestar Social y Medio Ambiente, para debatir una cuestión “urgente” como es la “ocupación ilegal” de viviendas en Costa Teguise.

Betancort transmitió a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su "enorme preocupación e impotencia para impedir una situación conflictiva y muy desagradable para los vecinos". "Se ha aumentado la presión policial, pero rogamos una solución a nivel estatal a un conflicto que perjudica a los vecinos y a la imagen de Costa Teguise", declaró.

El alcalde manifestó su “desasosiego” puesto que "las administraciones locales estamos de manos atadas para poder atajar ocupaciones ilegales en propiedades privadas, que además de afectar tremendamente a los vecinos de dichas viviendas ocupadas, contribuyen al deterioro de la imagen de la localidad turística y residencial".

En este sentido, Betancort ha apremiado a los miembros de la Junta de Seguridad "a buscar y proponer entre todos una determinación firme y consensuada que consiga amedrentar a las personas que ocupan de manera ilegal estas propiedades y que nada tienen que ver con los casos de desamparo social de personas con verdadera y urgente necesidad, y que desde el servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento atendemos de forma reservada".

"Los vecinos de las zonas afectadas por esta lacra social me alertan continuamente de los graves problemas de convivencia y salubridad que se están produciendo en apartamentos abandonados de Costa Teguise, los cuales se encuentran en un limbo jurídico, y en donde el Ayuntamiento no tiene potestad para intervenir", aseguró Betancort.

"Por ese motivo", añadió, "hemos solicitado a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que incrementen la presencia y la presión sobre las zonas de usurpación de viviendas".

"Hay que reconocer que desde que se montó el primer operativo, la labor de Guardia Civil y Policía Local ha sido muy diligente, pero llegados a este punto consideramos que hay que ser más contundentes, mientras que el poder ejecutivo o judicial no busque soluciones a un problema creciente y preocupante que afecta a muchas localidades", concluyó Betancort.