La portavoz del PSOE en el Cabildo de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha presentado un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales contra la convocatoria del pleno celebrado el pasado 30 de abril y contra todos los acuerdos adoptados en esa sesión.

La demanda, admitida a trámite por la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia número uno de Las Palmas, sostiene que tanto la convocatoria como los acuerdos son “contrarios a derecho y nulos” por vulnerar el derecho fundamental de Corujo “a su asistencia y participación en la referida sesión plenaria con voz y voto”.

El recurso se dirige contra el decreto de la Presidencia del Cabildo, ostentada por Oswaldo Betancort, por el que se acordó la convocatoria del pleno y contra los acuerdos aprobados en esa sesión plenaria.

La dirigente socialista cuestiona la fijación de plenos en fechas incompatibles con su actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, circunstancia que, según sostiene, le impidió asistir al pleno celebrado el jueves 30 de abril, tal y como confirmaron fuentes socialistas.

La portavoz socialista en el Cabildo y diputada en el Congreso sostiene que la convocatoria del pleno y los acuerdos adoptados son nulos de pleno derecho

El Tribunal dictó el pasado 22 de mayo una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, en la que acuerda tramitar el procedimiento por las normas previstas para la protección jurisdiccional de derechos fundamentales.

Asimismo, requiere al Cabildo de Lanzarote para que remita el expediente administrativo completo en el plazo de cinco días y proceda al emplazamiento de los interesados.

En cumplimiento de esa resolución judicial, el consejero delegado Miguel Ángel Jiménez Cabrera dictó este jueves un decreto por el que se ordena la remisión del expediente al Tribunal y la notificación a las partes interesadas para que puedan comparecer en el procedimiento.

La resolución judicial también dio traslado de la interposición del recurso contencioso administrativo al Ministerio Fiscal.

Corujo sostiene en su demanda que la convocatoria del pleno vulneró sus derechos de representación política y participación institucional al impedirle ejercer sus funciones como consejera insular electa.