La Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Inspección Sanitaria del Gobierno de Canarias, en el marco de la operación ‘Eternal Ink’, desarrollada en Canarias ha permitido la desarticulación de una red que introducía mediante paquetería y distribuía en Canarias botes de tinta utilizadas para tatuajes corporales no autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

La operación se inició el pasado mes de enero cuando los agentes identificaron en el Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, a un pasajero que iba a embarcar en un ferry hacia la isla de Fuerteventura donde se le intervino 16 botes de tinta para tatuajes que no se encontraban en el listado oficial de la página web, a disposición del público, de la AEMPS, por lo que fue detenido por un delito contra la salud pública.

Como consecuencia de dicho hallazgo, lo agentes continuaron con la investigación con la finalidad de determinar tanto el origen como los receptores de dichos botes contando para ello con el asesoramiento técnico de los inspectores de sanidad de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria  de forma que se coordinase una operación conjunta de ambos cuerpos para tratar de intervenir posibles envíos de botes de tinta igual a los intervenidos.

Fruto de las investigaciones, se pudo constatar donde se habían adquirido los botes de tinta no autorizada, por lo que se procedió a la entrada y registro de un negocio de tatuajes de Las Palmas de Gran Canaria, siendo supuestamente el titular el principal distribuidor de dicha tinta en las Islas Canarias.

Cabe destacar, que en el registro practicado se intervinieron en el domicilio en una estancia oculta, más de 1.000 botes o envases de tintas no autorizadas, por lo que se procedió a la detención de tres personas (el propietario del local, su socia y una supuesta empleada), como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Asimismo, en los restantes establecimientos inspeccionados por los agentes se pudieron hallar botes de tinta no autorizada, así como otros envases no autorizados. Estos envases siempre se hallaban ocultos para no ser descubiertos ante posibles inspecciones.

Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que de todas las inspecciones realizadas en el archipiélago canario, solo un establecimiento informaba a sus clientes de la utilización de dichas tintas no autorizadas, haciéndolo constar en la hoja de consentimientos de cada cliente, aunque su uso estuviese prohibido.

Dicha información queda plasmada en un documento denominado ‘Consentimiento Informado’, de obligatorio uso para el local y donde el cliente es avisado de los riesgos de la técnica y de las tintas y con su forma los acepta. Dicho consentimiento viene regulado y es una materia que se imparte en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.

Intervenidos 400 envases en Lanzarote

A raíz del primer registro el dispositivo se desplegó en otras islas del archipiélago. Así, en Lanzarote se han inspeccionado 7 locales, siendo investigadas 8 personas e intervenidos unos 400 envases aproximadamente, mientras que en Gran Canaria se han practicado ocho registros donde se ha investigado a 10 investigados y se han intervenido 629 botes de tinta no autorizadas. Además en un local de tatuajes del puerto de Mogán se está investigando el empleo de dichas tintas para imprimir documentos por lo que se ha procedido al cierre  provisional de dicho establecimiento por los inspectores de sanidad por la supuesta comisión de varias infracciones.

En Tenerife fueron inspeccionados 12 negocios, con 14 personas investigadas e se incautaron unos 850 envases de tinta aproximadamente, mientras que en Fuerteventura se inspeccionaron 8 negocios donde se han intervenido 290 envases de tinta y se ha investigado a varias personas.

Contrabando e irregularidades fiscales

Durante el desarrollo de la operación se ha podido constatar varios indicios que apuntan a un delito de contrabando ya que gran parte del contenido de los paquetes y los documentos de venta emitidos por el exportador de esos envíos no coincidían ya que usaban conceptos falsos o cambiaban el nombre al proveedor, con el presunto fin de evitar la vigilancia policial, sanitaria y aduanera.

De esta manera, tanto los exportadores como los importadores (varios de los locales inspeccionados), introducían en el mercado los botes de tinta no autorizados, obteniendo un beneficio económico ilegal de ello, el cual era invertido en otros tipos de negocios y que continua siendo analizado al objeto de determinar que irregularidades se han podido cometer.