El grupo nacionalista en el Cabildo de Lanzarote ha registrado este lunes la solicitud de convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) para pedir que se recurra el archivo de la causa judicial sobre la gestión del ente público, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife.

En su auto, conocido el viernes de la semana pasada, el juez censura el relato de la querella interpuesta siendo consejera delegada Astrid Pérez y presidente del Cabildo Pedro San Ginés, que tacha de “confuso”, carente de pruebas y rechaza que hubiera indicios de prevaricación o malversación o diversas contrataciones.

Coalición Canaria, que ha solicitado su personación en el procedimiento judicial, plantea que sea el consejo de administración del ente público el que recurra el archivo de la causa, que se dirigió, entre otros, contra el exconsejero delegado Carlos Espino.

Para la formación nacionalista, “resulta cuanto menos sorprendente cómo un juez”, en referencia a Rafael Lis, “vio lo mismo” que el consejo de administración que acordó interponer la querella hace una década,  “poderosos elementos indiciarios”, y “otro no vea absolutamente nada”.

Desde Coalición Canaria confían en que a su petición de convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración de los Centros “se sume el grupo del Partido Popular de la entonces consejera delegada denunciante, Ástrid Pérez”.

“Confiamos en que tratándose de un archivo provisional y recurrible, que el pacto que mantiene el PP con el PSOE no sea óbice para que Ástrid Pérez, letrada con larga trayectoria, haya cambiado de opinión con respecto a lo que consideró cuando era la consejera delegada” de los Centros, añade CC.

En ese sentido, los nacionalistas reclaman en un comunicado a la actual alcaldesa de Arrecife que “sea coherente y respalde la solicitud de recurrir este auto, si no ha variado su apuesta por la defensa del interés general”.

CC critica el auto del juez

Coalición Canaria también critica en su comunicado el auto judicial y cuestiona que por parte del magistrado se obvien “pasajes” de un “peritaje” en el que “se habla de los sobrecostes sobre el precio de mercado, superiores a 175.000 euros”.

Por el contrario, añaden los nacionalistas, el auto “se centra exclusivamente en si en el único contrato que había se superó en un 20 por ciento del mismo, cuando dicho contrato, además de saltarse la ley de contratos, apenas cubría 224.000 euros del millón que se gastó en equipamientos y montajes de cocina”.  

“Estas son razones más que suficientes como para entender que, cuanto menos, este asunto debe ser investigado en un juicio y dar la oportunidad a las partes de formular acusación. Por eso, habría que presentar el recurso”, concluye Coalición Canaria.