La empresa ha recurrido por separado los acuerdos del Consorcio del Agua de Lanzarote sobre la concesión y la toma de posesión del servicio y ha solicitado varias medidas cautelares

Canal de Isabel II presenta dos recursos contra la resolución del contrato del agua y la reversión del servicio
La empresa ha recurrido por separado los acuerdos del Consorcio del Agua de Lanzarote sobre la concesión y la toma de posesión del servicio y ha solicitado varias medidas cautelares
Canal de Isabel II ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos aprobados el pasado 1 de junio por el Consorcio del Agua de Lanzarote para resolver el contrato de concesión del ciclo integral del agua y acordar la reversión y toma de posesión del servicio, según ha informado este miércoles el organismo insular.
El Consorcio ha recibido este 1 de octubre la comunicación judicial de ambos procedimientos, que se encuentran todavía en su fase inicial y en los que Canal de Isabel II no ha formalizado las demandas sobre el fondo.
El Tribunal ha requerido al Consorcio la remisión de los correspondientes expedientes administrativos y, posteriormente, la empresa deberá concretar los motivos por los que solicita la anulación de los acuerdos.
Canal de Isabel II había planteado inicialmente la impugnación de las dos decisiones en un único procedimiento, pero una providencia de 11 de septiembre del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria requirió que fueran recurridas por separado.
La empresa comunicó posteriormente la presentación, el 24 de septiembre, de un segundo recurso específico contra el acuerdo de reversión.
Aunque las demandas todavía no se han formalizado, Canal de Isabel II ha solicitado medidas cautelares sobre las que deberá pronunciarse el Tribunal y que, según precisa el Consorcio, no suspenden por sí mismas los acuerdos adoptados.
Los procedimientos se encuentran en fase inicial y Canal todavía no ha formalizado las demandas sobre el fondo, según informa el Consorcio
En el procedimiento relativo a la resolución del contrato, la empresa solicita suspender la incautación de ocho millones de euros en garantías, seis millones correspondientes a la garantía definitiva y otros dos a la complementaria.
De forma subsidiaria, solicita que su ejecución se limite al 43,33 % del importe, porcentaje que relaciona con los aproximadamente trece años de duración efectiva de una concesión prevista inicialmente para treinta.
Según el comunicado del Consorcio, Canal de Isabel II sostiene que los avales fueron constituidos por ella y no por Canal Gestión Lanzarote y argumenta que habrían quedado extinguidos con la cesión contractual de 2013.
La empresa también defiende, siempre según la versión facilitada por el Consorcio, que no procede ejecutar íntegramente las garantías antes de concluir la liquidación del contrato y cuantificar los posibles daños y perjuicios.
El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha señalado que "Canal de Isabel II fue la adjudicataria inicial, es propietaria del cien por cien de Canal Gestión Lanzarote y asumió una responsabilidad solidaria vinculada al contrato. Ahora pretende desvincularse de las garantías constituidas para responder de esa concesión".
"El Consorcio responderá a esos argumentos ante el Tribunal, con el apoyo de los servicios jurídicos del Cabildo", ha añadido.
En el procedimiento contra la reversión, Canal solicita que el Consorcio se subrogue en los contratos y relaciones jurídicas con terceros vinculados al servicio que mantenía la anterior concesionaria.
También reclama acceso a documentación, aplicaciones informáticas e instalaciones que considera necesarias para proceder a la liquidación de la concesión.
Entre las cautelares solicitadas figura la suspensión de la incautación de ocho millones de euros en garantías y la subrogación del Consorcio en contratos de la anterior concesionaria
El Consorcio sostiene que la reversión se ejecuta desde el pasado 2 de junio, cuando asumió directamente la gestión del ciclo integral del agua, y afirma que desde entonces ha mantenido la continuidad del servicio y tramitado sus propios procedimientos de contratación sin asumir automáticamente los contratos privados de la anterior concesionaria.
Betancort ha afirmado que el Consorcio defenderá "la legalidad de los acuerdos adoptados por unanimidad de los consorciados, Cabildo y los siete Ayuntamientos, así como el interés general de Lanzarote y La Graciosa, mientras seguimos trabajando para mejorar el servicio".
El Consorcio ha señalado además que formulará las alegaciones correspondientes a las medidas cautelares solicitadas y continuará gestionando el abastecimiento, saneamiento y depuración de Lanzarote y La Graciosa.
















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