El parlamentario por Lanzarote y La Graciosa, Marcos Bergaz (PSOE), ha intervenido este martes en el pleno del Parlamento de Canarias para expresar su preocupación por el incremento de la ilegalidad urbanística en el Archipiélago y sus efectos sobre la igualdad, el territorio y la capacidad de restablecer la legalidad.

Durante su intervención, ha advertido de la “doble desigualdad” que generan las construcciones ilegales: entre quienes cumplen la normativa y quienes no, y entre los propios infractores en función de sus recursos para afrontar los procedimientos.

“De las muchas consecuencias negativas que genera la indisciplina urbanística, la más grave es la doble desigualdad que produce”, ha señalado.

El parlamentario ejemplificó esta situación con el caso de Costa Teguise, en Lanzarote. “Lo sabemos bien en mi isla, donde en una localidad con más de 9.000 vecinos y unas 12.000 plazas turísticas se sufre desde hace dos décadas la presencia de varios esqueletos urbanísticos que afean este núcleo, suponen un agravio respecto al empresariado y ciudadanos que cumplieron las normas y que además restan competitividad al destino”, afirmó.

Bergaz recordó además que uno de estos esqueletos urbanísticos, el correspondiente a la parcela 216 de Costa Teguise, tiene su origen en una actuación declarada ilegal por los tribunales en 2010, al proyectarse la construcción de un establecimiento hotelero en una parcela destinada a uso extrahotelero. A su juicio, el hecho de que, más de veinte años después, esta estructura siga formando parte del paisaje urbano evidencia las dificultades existentes para restaurar la legalidad urbanística una vez consumadas determinadas actuaciones.

Asimismo, ha subrayado el impacto de las infracciones en suelo rústico, al que ha definido como un recurso estratégico por su valor ambiental y paisajístico.

Según datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, en 2025 se abrieron 1.419 expedientes en materia de indisciplina urbanística en suelo rústico, frente a 1.394 en 2024, cifras que sitúan en datos similares a los de hace dos décadas.

El diputado socialista ha preguntado al consejero de Política Territorial, Manuel Miranda (CC) por las medidas previstas para atajar esta situación.

En su respuesta, el consejero ha reconocido la preocupación en territorios como Lanzarote y el conjunto de Canarias, poniendo de ejemplo el propio caso del esqueleto de la parcela 216, al que se refirió como “mamotreto”.

Miranda ha explicado que el Gobierno trabaja en tres líneas de actuación: la modificación de la Ley del Suelo, que ampliará de cuatro a ocho años el plazo para iniciar expedientes y endurece el régimen sancionador; el refuerzo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, con más inspección, coordinación y medios tecnológicos; y el apoyo a los ayuntamientos mediante una oficina virtual de reto demográfico para apoyar la tramitación de expedientes.

En su réplica, Bergaz ha pedido acelerar esta reforma legal, advirtiendo de que la legislatura entra en su tramo final y de que las medidas anunciadas podrían no llegar a tiempo si no se agiliza la tramitación de la modificación de una ley que ya fue polémica en 2017, cuando fue aprobada.