El pleno del Ayuntamiento de Arrecife, en su sesión ordinaria de este vienes 29 de noviembre, aprobó por la unanimidad de todas las fuerzas políticas suscribir un convenio de encomienda con el Gobierno de Canarias para las evaluaciones ambientales.

La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, titular además del Área de Urbanismo, ha resaltado que desde el 1 de septiembre de 2017, tras la aprobación de la Ley del Suelo, los Cabildos insulares  tiene la misión de crear un órgano ambiental insular encargado de evaluar los procesos de impacto ambiental. En Lanzarote, aún la primera institucional insular carece de este órgano. Por ello, el Ayuntamiento de Arrecife suscribe un convenio para la encomienda de gestión de evaluación ambiental estratégica de instrumentos de ordenación urbanística municipales a favor de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

La propuesta, trasladada desde el grupo de gobierno de Arrecife (PP, PSOE; NC y Somos) ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición, grupo nacionalista  y Lanzarote en Pie.

El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobó en octubre un convenio para encomendar temporalmente las evaluaciones ambientales al Gobierno de Canaria, y el Ayuntamiento de Tías, con una revisión del Plan General en trámite, lo aprobó igualmente a finales de agosto.

Arrecife, desde julio del pasado año, y por mandato de la alcaldesa de Arrecife, la popular Astrid Pérez, instó al Gobierno de Canarias, vía Gesplán, seguir adelante con la tramitación y adaptación a la nueva Ley del Suelo de Canarias el Plan Supletorio de Arrecife.

En  septiembre de 2017 entró en vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de 19.7.17). De conformidad con el régimen establecido en la citada Ley 4/2017, la evaluación ambiental de  alteraciones del Planeamiento municipal le corresponde al órgano ambiental que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes, y sin perjuicio de que pueda optar por encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o al órgano ambiental insular, previo Convenio que deberá tramitarse de conformidad con su normativa reguladora.