La diferencia es evidente. En algunos ayuntamientos, la reserva es gratis y después se paga una tasa anual que no pasa de los 50 euros en ningún caso. En Arrecife, la reserva del espacio público cuesta 150 euros, y la personalización de la plaza, para un usuario o un coche determinado, otros 120 euros más. Ese es el coste de tener una plaza reservada para personas con movilidad reducida (PMR) enfrente de casa, para poder desplazarse con comodidad y aparcar en ese sitio reservado.

Eso en Lanzarote. En la isla de Gran Canaria, la reserva es gratuita y la personalización cuesta 20 euros. En Tenerife es muy similar “y en ciudades como Madrid o Barcelona es todo totalmente gratuito”, señala Lucía Ballesteros, que es madre de una niña que necesita una de esas plazas de aparcamiento con un grado III de dependencia y 98 por ciento de discapacidad, y que además preside la Asociación Canaria de Mujeres sin Sombra.

“Una vez más, lo que estamos reclamando es que no haya discriminación. ¿Por qué si vivo en Playa Honda no pago pero en Arrecife sí?”, se pregunta. Ballesteros ha optado por presentar un recurso de reposición ante este pago, que afecta a varios cientos de personas en la capital lanzaroteña. Señala que hay jurisprudencia que les favorece porque, en 2017, una familia llevó a los tribunales al Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) y se determinó finalmente que el pago era discriminatorio, tanto en primera instancia como en la sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En 2018, la Sala de lo Contencioso del TSJC ratificó la ilegalidad de la tasa de vado para las personas con movilidad reducida y de un artículo de la ordenanza fiscal al considerar que era “claramente discriminatoria para las personas con discapacidad” y que “impide, restringe u obstaculiza” el derecho de la ciudadana a la accesibilidad de su vivienda porque de nada sirve que se le facilite a una vecina una plaza de estacionamiento próxima a su domicilio si se condiciona la plaza al pago de un tributo.

El Ayuntamiento de Arrecife, de momento, no ha contestado a las pretensiones de la solicitante, aunque conoce la situación y la intención de recurrir el pago por parte de esta vecina, que está pensando en solicitar que en el Cabildo se presente una moción por la que se unifiquen las tasas en todos los ayuntamientos para este tipo de aparcamientos “y si puede ser gratuita, mejor todavía”, puntualiza.

“Una vez más, lo que estamos reclamando es que no haya discriminación”

Otros ayuntamientos de la Isla ya cambiaron estos precios hace cinco y hasta 10 años, o no los han llegado a aplicar nunca, pero Arrecife no lo ha hecho aún. En Arrecife sí se recoge alguna bonificación para familias vulnerables, pero señala Ballesteros que los requisitos no son fáciles de cumplir, incluso para personas con bajos ingresos. “Mi hija no tiene por qué depender de si es vulnerable o no, tiene un derecho, le ampara la Ley de accesibilidad, hay jurisprudencia y hay que aplicar el principio de igualdad”, apunta. También señala que no debería haber ningún problema en aplicarlo en cualquier barrio o calle de la ciudad, o en la zona más cercana al domicilio, en cualquier caso.

Firmas

La Asociación Canaria de Mujeres sin Sombra ha presentado a través de la plataforma Change.org una recogida de firmas virtual en la que solicitan para toda España la tasa cero para los aparcamientos PMR. “Desde nuestra entidad, queremos abogar por el cambio de estas regulaciones a nivel estatal. Hoy es más importante que nunca promover la igualdad y asegurar que todos tengan acceso pleno, sin cargas indebidas, a los servicios y apoyo que merecen”, señala el texto de la recogida de firmas.

“En España, las tasas que se imponen por la reserva de espacio y las placas de matrícula específica para personas con movilidad reducida varían significativamente de un municipio a otro. Esta disparidad genera discriminación y desigualdad en el acceso a recursos cruciales. La diferencia en los costes no solo es injusta, sino que además va en contra de la normativa de igualdad establecida por nuestro Tribunal Supremo, que ya ha dictado ilegal tal práctica”, añaden.

El TSJC ratificó en 2018 la ilegalidad de la tasa de vado para estas plazas

Para esta asociación, “el principio de igualdad debe ser respetado en toda legislación municipal y autonómica” porque esas tasas no solo son un impedimento económico para muchas familias, sino que también incumplen con el amparo regulado por la Ley de Accesibilidad. “Nadie debería enfrentarse a barreras adicionales por razón de su lugar de residencia o por el nivel de ingresos que tiene”, aseguran.

Consideran que esta reivindicación, la de promover una tasa cero para las reservas de espacio y placas de matrícula para las personas con movilidad reducida en toda España “es una medida urgente y necesaria para asegurar la inclusión y accesibilidad universal”. “Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y autoridades competentes a nivel estatal para que tomen medidas inmediatas para corregir estas injusticias. Juntos podemos lograr un cambio verdadero para las personas con discapacidad en nuestro país”, concluyen.