Desde el 29 de septiembre, hace ya más de cuatro meses, Victoriano Herrnández se instala cada mañana, de nueve a dos, frente a la oficina municipal de Caleta de Sebo. “Me siento y la gente habla conmigo”, dice. La mayoría de los vecinos le dan ánimos. Victoriano dejará de ir cuando pueda dedicarse a terminar su propia casa, que la estaba fabricando él mismo.

Eso significaría que le habrían concedido la licencia, como culminación de un proceso que comenzó hace ocho años. Se divorció y, en 2012, solicitó la división horizontal para transformar una vivienda en dos. La casa, en realidad, casi está construida. Lo estaba ya, pero sin esa división.

Comenzó la obra en 2019, ya que en el propio Ayuntamiento le recomendaron que lo hiciera así, ante el silencio de ese mismo Ayuntamiento donde había pedido el permiso. Como La Graciosa se encuentra dentro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y como no hay Plan Rector de Uso y Gestión, hace falta recabar informes de otras administraciones.

El Cabildo de Lanzarote ya emitió un informe en diciembre en el que considera que no es necesario someter las obras al procedimiento de evaluación ambiental al estar dentro de un espacio de la Red Natura 2000, y advierte de que hace falta el informe preceptivo y vinculante de la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias que, según Victoriano, se lo dieron “sobre la marcha”. Así que falta el Ayuntamiento de Teguise.

Dice Victoriano, que ahora está de baja, pero se ganó la vida como pescador, que el alcalde de Teguise le dijo hace más de un mes que en un mes ya estaría solucionado el tema, pero no lo está. Desde el Ayuntamiento señalan que el asunto sigue pendiente de informes y que el arquitecto técnico sigue en contacto con el afectado.

“Yo ya no entiendo nada, no sé lo que falta”, dice Victoriano desde La Graciosa, y añade que él quiere la casa como primera vivienda y no la consigue, mientras ve cómo se construyen y se abren cada día viviendas de alquiler vacacional.

Dejará de ir cada mañana a protestar cuando pueda dedicarse a terminar su casa

En este tiempo de espera, ha sufrido una gran depresión. Tuvo que dejar de cuidar a su madre para que lo cuidaran a él. Vive de alquiler desde el año 2015. Paga 500 euros de los 670 que cobra. También paga el IBI y la basura y está empadronado en esa dirección. La división casi está hecha, “falta un bloque en medio” y terminar la obra sería cuestión de pocos días. Ni siquiera le llegaron a sancionar por las obras porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideraron que no era su responsabilidad. “En febrero de 2019 me aconsejaron que empezara y, luego, me la pararon en julio”, insiste.

Se acogió a un procedimiento para que le redactaran el proyecto y en estos ocho años ha pasado de todo, desde retrasos en la redacción del proyecto hasta problemas por el alcantarillado o la anulación del Plan Rector de Uso y Gestión, que es el documento en base al que se concedían las licencias.

“Exceptuando la falta de licencia, lo que es fundamentalmente debido a la defectuosa actuación municipal, no existe vulneración alguna de la legalidad urbanística, puesto que la construcción se realiza dentro de los límites de la parcela, respetando las alineaciones y rasantes y ajustándose a los parámetros establecidos en la normativa urbanística”, señala en sus alegaciones ante el Ayuntamiento.

Él y su pareja han pedido ayuda de emergencia social al Ayuntamiento para poder pagar la casa de alquiler, que debían haber abandonado hace meses. En esas alegaciones, Victoriano señala que “resulta injustificable” la demora para una vivienda de primera necesidad para personas que, según la apreciación de los técnicos municipales, se encuentran en riesgo de exclusión social.