ENTREVISTA | LUIS FAJARDO

“Se está instaurando un urbanismo de proyectos frente a un urbanismo de planes”

Foto: Felipe de la Cruz.
Saúl García 5 COMENTARIOS 08/02/2018 - 07:09

Desde 2002, Luis Fajardo Spínola (Arrecife, 1946) preside la sección primera del Consejo Consultivo de Canarias. Es uno de los lanzaroteños de trayectoria política más destacada. Fue diputado por el PSOE en el Congreso de los Diputados entre 1977 y 1983, miembro de la Comisión constitucional cuando se redactó la Constitución de 1978 y participó en la redacción del Estatuto de Canarias. También fue parlamentario en Canarias entre 1995 y 2002. En Arrecife presentó su última publicación, ‘Sistema de planeamiento en Canarias’.

-Se ha anunciado la Ley del Suelo como la solución a todos los males del planeamiento con el argumento de simplificarlo. ¿Servirá para esa simplificación o es una excusa para cambiar de modelo?

-El objetivo de la simplificación es de agradecer, y más en urbanismo que es una materia compleja. La cuestión está en si esa nueva ley va a conseguir o no ese objetivo. Hay que tener en cuenta algún precedente. Desde 2009 empieza a hablarse de simplificación y a difundirse la idea de que el ordenamiento urbanístico canario era muy complicado y en 2014 hay una ley que tiene el nombre de armonización y simplificación, que era su objetivo principal. No se consiguió aquello que perseguía, y en los dictámenes que hicimos en el Consejo Consultivo sobre esa ley dudábamos de que se pudiera alcanzar ese objetivo. Este tema volvió a salir en el dictamen sobre la Ley del Suelo, que es un modelo completo. Ojalá se consiga la simplificación, pero aunque simplificar no solo es contar el número de artículos, la nueva ley tiene más que la derogada. Se decía que se quería un texto que no hiciera muy necesario contar con reglamentos de desarrollo. Pues se están redactando ya cuatro reglamentos para esta ley. Desde el punto de vista cuantitativo no ha habido simplificación. Eso no quiere decir que no se pueda alcanzar una simplificación del procedimiento, de los planes o instrumentos de ordenación o los sistemas de gestión. Ojalá. A mi modo de ver técnico, sin valoración política, aunque es un objetivo loable, no lo veo. A veces hemos comprobado que se utiliza el objetivo de la simplificación para desrregular, que no es lo mismo.

-En este caso se deja gran parte de la responsabilidad sobre el urbanismo en los ayuntamientos...

-No exclusivamente. Los planeamientos generales, sí, y casi en exclusiva, pero no sólo, porque el planeamiento insular y ambiental, descansará sobre el Cabildo. Hay una reestructuración de las competencias y se descarga a la administración autonómica de competencias importantes.

-Pero se hace en un momento en que la mayoría de los ayuntamientos han dejado en manos de Gesplan la redacción de sus planes porque no tienen capacidad para hacerlos.

-Ahí hay una contradicción. Puede haber problemas. En el libro he añadido cuatro capítulos y he cambiado su estructura porque la nueva ley establece compartimentos estancos: lo municipal, lo insular, lo autonómico... y hay poca relación entre las normas de unas y otras. Se ha bunquerizado cada uno de esos ámbitos y que haya relaciones verticales entre ellos. Antes eso enriquecía el sistema. Esas relaciones se han cortado casi todas. La estructura del libro quería destacar al lector esta circunstancia de romper porque un sistema supone la presencia de muchos elementos que tienen relaciones.

-Los planes insulares y las Directrices ya tenían claro que el urbanismo de un municipio afecta al de lado, como ha pasado con Playa Blanca. Lo de la autonomía municipal parecía superado.

-Las competencias del PIO en estos temas casi han desaparecido. El asentamiento de población en una isla obedece casi en exclusiva a la decisión municipal de manera que dos municipios colindantes pueden crecer en sentidos diferentes con lo que el resultado es que en una isla no es algo determinado por un modelo insular, sino por la suma.

-Se puede dar una competición entre ayuntamientos como pasó con la Ley del Suelo de Aznar, a ver quién construía más.

-Era una ley súperliberal en base a la cual han surgido muchos problemas.

-¿Se pueden replicar esas situaciones?

-No es exactamente lo mismo pero el resultado puede ser similar. Es terrible que no se responda a modelos que excedan del simple ámbito competencial. En el Consejo Consultivo hemos venido denunciado que se está instaurando un urbanismo de proyectos frente a un urbanismo de planes, que tiene un modelo. El de proyectos es el resultado de la suma de proyectos. Se ha debilitado mucho en la nueva legislación.

-Eso coincide con la crítica más recurrente hacia la Ley, que dice que contempla tantas excepciones que la excepción va a ser la norma.

-Hay nuevas figuras, pero las que más destacan son los proyectos de interés insular y autonómico. Aunque la ley los califica como instrumentos de ordenación son proyectos, con una serie de elementos que definen una actuación sobre el suelo: un campo de golf, una industria, un puerto deportivo... En relación con los demás, el proyecto tiene la capacidad de modificar el planeamiento municipal e insular.

-¿Tiene recorrido el recurso de inconstitucionalidad que se ha planteado?

-En el Consejo Consultivo no formulamos reproche de inconstitucionalidad. Se señalan sombras de duda sobre estos temas pero no se señaló que fuera un sistema inconstitucional. Puede haber aberraciones políticas, económicas o sociales que sean perfectamente constitucionales. Son modelos de un pensamiento político pero no le veo un reproche de constitucionalidad. Sí hay un articulo, el 9, que no es el argumento de crítica principal, que establece algo que se podía haber hecho de otra manera. Hay una doctrina del Tribunal Supremo muy rigurosa, que deduce de simples fallos formales la nulidad de todo el plan. Frente a eso el legislador canario pretende que no haya nulidades en cascada, que si esos planes desaparecen, puedan no desaparecer los planes derivados de él. Eso, que parece correcto, probablemente se ha sobrepasado el legislador en sus competencias, porque el Estado tiene competencias aunque sean pocas.

-¿En Canarias se ha planificado el territorio o se ha ido legalizando lo que ya estaba hecho?

-Yo defiendo mucho el modelo 2000-2003, el modelo del Texto refundido, ahora derogado, y las Directrices. Ese modelo supone un planteamiento global que trata de sujetar todos los instrumentos de ordenación. Las Directrices se suprimieron en una línea y media. No mucha gente sabe lo que eran las Directrices, que eran magníficas, con objetivos ambientales, regulación de áreas metropolitanas, protección de la costa, del suelo rústico... Todo ese material fue suprimido por esa disposición y lo normal no es derogar sino modificar. Si el nuevo Gobierno quiere cambiar el contenido de un instrumento de planificación es lícito pero el sistema no es derogar y no poner nada.

-Hay quien defiende que las Directrices empezaron a derribarse al día siguiente de su aprobación.

-El modelo empezó a desmontarse en 2009, seis años después de la Ley de Directrices. La Directriz 86 establecía el principio que no puede haber ninguna intervención en el territorio que no esté previamente contemplada en algún plan. Ese principio se suprimió en estas leyes anteriores, se derogó porque se estaba empezando a cambiar el modelo.

“Las Directrices de Ordenación del Territorio eran magníficas, con objetivos ambientales, regulación de áreas metropolitanas, protección de la costa, del suelo rústico...”

-Además de un marco legal hay que tener mecanismos para cumplir las leyes. En el caso de Lanzarote, la batalla legal se ganó pero no ha servido de nada. Hubo varios intentos de regularización, se ha aprobado un Plan General, se han pedido nuevas licencias para los hoteles que no cumplían, se ha terminado ese proceso para algunos hoteles y el TSJC sigue sin ejecutar las sentencias…

-En relación con el urbanismo no todo es atribuible a Ley sino al funcionamiento de las administraciones. Se está dando un efecto que preocupa bastante en relación con el funcionamiento de las administraciones y de los técnicos, especializados en la materia. Tal vez por el encadenamiento entre sentencias penales y cuestiones urbanísticas, ante el deseo de defenderse de posibles responsabilidades a veces están en una posición tan conservadora que están bloqueando el funcionamiento de la administración en cuanto a licencias o planes parciales. No es una crítica a los funcionarios sino al sistema. También ha habido en toda España una presencia de la jurisdicción penal excesiva en relación con el urbanismo. Yo fui favorable a introducir nuevas figuras delictivas conectadas con el urbanismo, pero esas figuras suponen un vacío que se va llenando con precisiones urbanísticas, y a veces la jurisdicción penal no es competente o los jueces no están formados para ello, y a veces se están excediendo en declaraciones que no son de su estricta competencia y que supone una invasión poco saludable en el ámbito del urbanismo.

-Pero los delitos son graves o pueden tener consecuencias graves sobre la sociedad.

-Por eso digo que me parece bien que se establezcan esas figuras en el Código penal, pero después en el funcionamiento la jurisdicción penal entra a juzgar cuestiones civiles o contencioso administrativas para las que no están preparados ni el sistema judicial les reserva ese cometido.

-¿Sigue pensando que sobran ayuntamientos en España?

-El número de municipios en España es muy alto. Tenemos más municipios que hace treinta años. En el sur de la Península y en Canarias no es igual que en otros sitios y tiene una explicación histórica. En Canarias no es especialmente grave pero sí muchas de las competencias que tienen los municipios no son adecuadas. Alguna debería mancomunarse pero las mancomunidades no han funcionado. Eso sí debería arreglarse por la vía de mancomunar ciertas competencias de forma obligatoria o que las lleve otra administración. El PP reformó la Ley de régimen local y yo no comparto la crítica que hizo el PSOE.

-¿Hay que reformar el sistema electoral de Canarias?

-Esa cuestión pasará por el Consejo consultivo, así que no puedo hablar antes porque quedo desplazado. Después de que se apruebe sí, pero antes no puedo.

-Pero hay problemas que se pueden solucionar sin cambiar el sistema electoral...

-No se puede justificar una solución en base a conveniencias electorales. Cuando se hizo el Estatuto de Canarias, en 1983, se discutió, y Bravo de Laguna defendió este modelo en el Congreso de los Diputados y yo intervine en contra.

 

5 Comentarios

Los dictamenes de este señor y sus compañeros tienen la solidez juridica de un conejo de mar.es la institucion canaria mas asquerosamente politizada q existe
Le podían haber preguntado qué le parece que Arrecife no actualice su ordenación urbanística desde hace 3 décadas, que la ciudad parezca un escenario de guerra , con solares polvorientos por todos lados, sistemas generales caducados que impiden el desarrollo de ningún proyecto, ni público ni privado en ellos pero se obliga a los propietarios muchas veces sin recursos a pagar el IBI año tras año y ver arruinadas sus expectativas legítimas. El aspecto de abandono y parálisis y la constatación de un gobierno incompetente espantan a los buenos inversores, no se incentiva la renovación de los barrios dando más edificabilidad, el Puerto sigue rodeado de suelo rústico , algo insólito en el mundo, mientras se desarrollan polígonos industriales ilegales o en suelos rústicos de valor paisajístico por toda la Isla, no tenemos suelo de calidad para que la gente con educación y dinero quiera quedarse en Arrecife y construir aquí sus casas ... Arrecife ha asumido su condición de monstruo postrado y pestilente, y parece que no hay forma de cambiar las cosas.
Totalmente de acuerdo con ciudadano. Ya, solo una zona verde por lo menos, que revitalice algo la ciudad. Hace falta ilusión, ganas e iniciativa y nada de esto aportan nuestros políticos, que solo defienden sus intereses!
Como buen (...) , Está en contra de aquellos gobiernos que no los componga en PSOE. De los que gobiernan, ni pum. Luís, te conocemos por estos lares.
El criterio político tiene el valor que tiene, el problema viene cuando los políticos creen impartir doctrina. Y ya el colmo es cuando predican de izquierda y viven de derecha. Apesta.

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