Su retirada se calificó como “urgente”, por la “amenaza inminente de daño medioambiental”, pero un año después de que un barco pesquero encallara y se incendiara en la costa de Órzola, los restos de la embarcación continúan allí. De hecho, en esta zona de “alta sensibilidad ecológica”, la situación ha empeorado.

“La documentación gráfica aportada acredita la pérdida de integridad de la embarcación y la dispersión de elementos estructurales en la plataforma intermareal y en los fondos someros próximos”, advierte un informe del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias fechado el pasado 21 de agosto, que subraya que esto “refuerza la necesidad de ejecutar la retirada con carácter urgente, antes de que el oleaje provoque nuevas roturas o desplazamientos”.

El pasado mes de marzo, este mismo departamento ya había dado el visto bueno a la intervención propuesta por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote para retirar la embarcación, pero ha hecho falta medio año más para tener una resolución definitiva. Se terminó emitiendo el pasado 11 de septiembre, pese a su carácter “urgente”.

Además, aunque la resolución subraya la necesidad de “evitar que el daño medioambiental se siga produciendo”, su propio contenido implica que tampoco ahora habrá una actuación inmediata. “Antes del inicio de los trabajos deberá realizarse un reconocimiento previo de la zona, mediante recorrido a pie durante la bajamar y/o mediante dron, con la finalidad de localizar el cuerpo principal y las piezas dispersas y organizar su retirada”, señala esa resolución. Es decir, autoriza ahora la intervención propuesta por el Consorcio hace once meses, pero establece nuevas medidas y condicionantes.

Los informes advierten que partes del barco se han “dispersado” por la zona protegida

Entre otras cosas, señala que deberán contar con un Plan de Reciclaje del Buque, “que incluya un inventario de los materiales peligrosos y una planificación de los trabajos a realizar”. También advierte que la empresa propuesta para la intervención, el Grupo Tiagua, “no cuenta con autorización” para ello, y que “la única entidad autorizada para el tratamiento de embarcaciones al final de su vida útil en Canarias” es Logiscrap S.L., con sede en Gran Canaria.

Además, adelanta que el tratamiento de esos residuos deberá someterse a “autorización previa” de esta misma Dirección General del Medio Natural. Eso sí, después del tiempo transcurrido para emitir esta resolución, añade que todo ello “deberá efectuarse de manera inmediata y no podrá suponer una demora injustificada de la actuación”.

Un barco patera

El barco atunero, que partió de Marruecos y fue utilizado como patera, encalló en la zona del Charco de La Condesa en la madrugada del 10 de septiembre de 2025, y se incendió poco después de que sus cinco tripulantes fueran rescatados. El derrame de combustible y aceite obligó a activar un Plan de Emergencias y a cerrar varias playas de la zona durante semanas, ya que no solo se temía por la afección a la biodiversidad marina, sino también a la salud pública.

A finales de aquel mes de septiembre, el Ayuntamiento de Haría anunció que se había iniciado la retirada de los restos del barco con personal especializado, “comenzando por las partes más pesadas”, pero lo cierto es que un año después, la mayor parte de la estructura continúa allí.

La resolución no implica una intervención inminente, porque establece otras medidas

“El impacto es muy alto y cada día se agrava por la acción de las mareas dispersando la chatarra, motores, cabos, aceites y toneladas de residuos en un espacio protegido muy rico en biodiversidad”, advierte el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (ADACIS), Ezequiel Navío, que ha visitado varias veces la zona y ha observado “manchas de óxido” en el agua.

Además, apunta que personas particulares también han estado yendo “con llaves inglesas y martillos cuando baja la marea”, para desguazar piezas de hierro y acero para venderlas. “Se llevan lo que se pueden llevar a mano, pero ahí hay piezas de metal que pesan toneladas”, subraya.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente de Haría, Marcos Lemes, sostiene que en su momento, cuando el Ayuntamiento anunció el inicio de la retirada del barco, sí se hizo “un despliegue” y “se quitó bastante parte del barco”. “Se llevó hasta una grúa grande y los bomberos hicieron un trabajo de despiece importante, pero al final era un trabajo más exhaustivo de alguna empresa especializada, no se llegó a ningún acuerdo y ahí se quedó”, afirma el edil, que también llevaba meses esperando la resolución del Gobierno de Canarias. Ahora, confía en que “en breve” esté resuelto, que es “lo que quieren los vecinos”.

La trastienda del expediente

Según consta en el expediente, la primera autorización con la que contó el Consorcio de Emergencias de Lanzarote fue de la Dirección General de Pesca, pero los informes posteriores evidencian que no era suficiente. “El área afectada presenta una sensibilidad ecológica muy alta por la presencia de hábitats de interés comunitario, comunidades de macroalgas pardas estructurales y una fauna intermareal diversa de invertebrados y peces residentes, que desempeñan funciones ecológicas clave en la dinámica costera y en la regeneración de los recursos pesqueros”, advierten.

El 21 de octubre, casi un mes después de que se anunciara el inicio de los trabajos, el Consorcio se dirigió a la Dirección del Medio Natural del Gobierno de Canarias para comunicarle su plan de retirada del barco, y en noviembre Costas también solicitó que se abriera un procedimiento para la gestión de esta crisis.

Salud Pública pidió también informes periódicos de la calidad del agua en la zona

El primer informe, del Servicio de Residuos de Calidad Ambiental, se emitió en diciembre de 2025 y planteó los primeros condicionantes, que son los que se han trasladado ahora al Consorcio. El siguiente, del Servicio de Biodiversidad, se emitió el 6 de marzo, seis meses después de que encallara el barco. “Se concluye que el proyecto es autorizable y ambientalmente viable en los términos planteados”, señalaba.

Sin embargo, ese informe no iba a ser el final del camino. Veinte días después, el 26 de marzo, se inició “el expediente de responsabilidad medioambiental por amenaza inminente”, dando audiencia y solicitando informes a distintas administraciones implicadas. El único que se recibió a partir de entonces, al menos según la resolución dictada ahora, fue de la Dirección General de Salud Pública, el 7 de abril, y volvía a subrayar la importancia del problema.

De hecho, pedía “implementar medidas de monitoreo y seguimiento en las áreas destinadas al baño, recreación y pesca” y recoger muestras tras la retirada del barco, evaluando no solo los “parámetros habituales de calidad” del agua, sino también la posible presencia de “metales pesados y otros compuestos químicos”. Después, al menos según la cronología que recoge la resolución, se produjo un parón de meses sin recibir nuevos informes ni dar más pasos.

“Sería como el Telamón”

“Desde Adacis llevamos desde mayo hablando con el Gobierno de Canarias, con el Ayuntamiento, con el Consorcio, con la Delegación de Gobierno... Distintos colectivos medioambientales de Lanzarote trabajamos para reactivar la extracción de estos residuos con el menor impacto, porque si no se reactiva sería como el Telamón, y dentro de 40 años seguiría estando gran parte de esa porquería contaminando”, afirma Ezequiel Navío.

“El impacto es muy alto y cada día se agrava por la acción de las mareas”

Fue el pasado 31 de julio cuando la Dirección General del Medio Natural volvió a dar un paso en el expediente tras casi cuatro meses, solicitando un nuevo informe al Servicio de Biodiversidad, para que “ratificara” las medidas propuestas. La respuesta llegó tres semanas después, el 21 de agosto, con esa advertencia de que la situación había empeorado, al haberse dispersado partes del barco en la zona intermareal, y reiterando la urgencia de intervenir.

Finalmente, el 11 de septiembre se cerró por fin el expediente, reconociendo que “ya se han producido daños en el entorno de la embarcación siniestrada” y concluyendo que “resulta urgente actuar para prevenir nuevos y mayores daños”. Para ello se basaba en las conclusiones de los informes técnicos del Servicio de Biodiversidad y del Servicio de Residuos, que se pronunciaron por primera vez hace seis y nueve meses, respectivamente.